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Salud pública en la UCI

Para nadie es sorpresa que vivimos en un país aún en pañales en términos de salud pública. La última movilización de los funcionarios de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) evidenció una vez más que las esperas en los centro de salud públicos aún persisten y que se ven agravados por este tipo de situaciones. ¿Los más perjudicados? Los más pobres del país.

La crisis de la salud pública en cuanto a infraestructura y servicios obedece a políticas públicas fallidas como también de oportunidades y de incentivo para los jóvenes que desean ser médicos. De acuerdo las estadísticas del año 2015 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), indica que Chile presenta una tasa de médicos de 1,9 por 1.000 habitantes, siendo la media de los países de la OCDE 3,3 por 1.000 habitantes. Por otra parte, la tasa de graduados en Medicina es de 5,9 por 1.000 habitantes, siendo la media de los países de la OCDE de 11,2 por 1.000 habitantes.

De acuerdo al mismo organismo, Chile es el segundo país con más gasto de bolsillo de las personas en salud. Es decir, una persona que requiere atención de salud paga, al menos, un 34% todos los meses.

Ante esta situación, claramente la crisis de la salud pasa por un tema estructural, en donde el actual sistema de salud dificulta la formación, distribución y retención de los profesionales de la salud, lo que provoca escasez de médicos en hospitales, más tardanza para atender a los pacientes, menos médicos especialistas y esperas que pueden prolongarse por más de un año.

Pero no tan sólo se trata de un problema de retención de profesionales en salud. Estos mismos deben elegir entre estar dentro del sistema público de salud – con todos lo que implica en cuanto a salario y carga laboral –y el sistema privado.

Si bien en la Constitución indica que se garantiza el derecho a la salud, lo cierto es que el ciudadano debe elegir dos opciones: Isapre o Fonasa.  En Chile sólo el 19 % de la población tiene Isapre y  recauda el 56 % de las cotizaciones, en donde ha logrado utilidades que superan los 34.000 millones.

Por otra parte, el pago por las prestaciones del FONASA a los hospitales públicos no alcanza a cubrir su costo real. Cubre alrededor del 40 %, por lo que la deuda hospitalaria sigue creciendo, superando hoy los 120.000 millones.

Éstas son sólo algunas de las tantas complejidades que están afectando el sistema de salud que hace varios años está en estado terminal. A esto se suma la alta expectativa de vida de los chilenos, mayores enfermedades asociadas a la vejez y que son de alto costo- 200.000 personas en Chile sufren demencia pero sólo 4.000 recibe tratamiento o apoyo- y los altos índices de obesidad y que están asociadas a otras enfermedades que también implican un alto costo.

¿Cómo transformar un sistema de salud agónico en uno más efectivo? ¿Cuándo será el día en que una enfermedad grave deje de ser la ruina económica de una familia? Sin duda, el sistema estructural debe cambiar, pero también la ideología de quienes  están en el gobierno de turno.

No es posible que el gasto público de salud sea el 3,5 % del presupuesto nacional, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea de, al menos un 6 %. Es hora de entender que la salud no es un bien de consumo, es un derecho establecido en la Constitución y que las autoridades deben respetar.

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