Después de varios cuestionamientos, paros de sus alumnos y una larga historia de deudas y una seguidilla de acusaciones de mala administración, tendrían un final para la Universidad Arcis. O al menos eso fue lo que indicó la ministra de Educación Adriana Delpiano, quien señaló que la institución “no era sustentable en el tiempo”.
De inmediato se hicieron sentir las críticas. Por una parte, académicos y estudiantes de la universidad expresaron su malestar e indicaron que la actual crisis se debe a Patricio Velasco, administrador provisional de la institución quien ha mantenido una gestión errática e irregular. Ante esto, han pedido a la ministra reconsiderar la idea de un futuro cierre y evaluar otras medidas.
Por otro lado, Elisa Neumann, ex rectora de la Universidad Arcis, ha indicado que la la conoció a través de los medios de comunicación y que “el Partido Comunista abandonó a los alumnos que son hijos de obreros”, según una entrevista dada al medio “El Muro”.
En definitiva, el futuro de la Universidad que dio la bienvenida a miles de estudiantes ligados a las artes y humanidades aún se mantiene en vilo y, al parecer, todo dependerá de la máxima autoridad de educación del país.
Pero lo que cabe preguntarse es: ¿Cómo el Estado permitió que siguiera existiendo una universidad que ya contaba con varias deudas y conflictos? ¿Cómo se permitió que los jóvenes siguieran matriculándose en una institución que ya tenía sus días contados? La Universidad Arcis es un ejemplo de que la Educación Superior en Chile ha sido un asunto que ha estado en completo abandono por una seguidilla de gobiernos.
Para nadie es sorpresa que entrar a la Universidad dependerá, en gran medida, del nivel de ingresos que perciba cada familia. Durante el proceso de ingreso a la universidades en 2016, 97.620 los jóvenes resultaron seleccionados para las distintas carreras dictadas por las casas de estudio adscritas al Sistema Único de Admisión.
Según el Consejo de Rectores (Cruch), el 28,7% pertenecen a familias que obtienen ingresos mensuales de entre $288.000 y $576.000, seguidos por un 22,3% de grupos familiares con recursos que superan el $1.152.000 mensual. En tercer lugar están los estudiantes cuyas familias se ubican entre los $144.000 y $288.000 que representan 21.6% de los seleccionados, y en cuarto aquellos del intervalo entre $576.000 y $1.152.000 que son 21,1% del total.
Sólo un 6,3% de los alumnos de más bajos recursos – con ingresos inferiores a $144.000 – lograron ser seleccionados en alguna institución superior.
Las cifras revelan que el 73,24% de los jóvenes de más altos recursos que se inscribió para dar la PSU, fue seleccionado para ingresar a una carrera universitaria, siendo 7.954 los que no lo lograron.
Por otro lado, los alumnos de más bajos recursos – quienes tienen un sueldo igual o inferior a $144.000- 29.723 que se inscribieron en la prueba, sólo 20,7% logró entrar en alguna universidad.
Estos datos reflejan no sólo reflejan la amplia brecha que existe en el sistema educacional, sino que también indica que los que no ingresan a la universidad terminan en centros de educación con una cuestionada calidad. En síntesis, el negocio de la educación ha recaído en el sector más vulnerable y en la clase media de la sociedad.
El caso de la Universidad Arcis inmediatamente nos recuerda al de la Universidad del Mar, una institución que carecía de acreditación pero continuaba funcionando con normalidad, matriculando cada año a más jóvenes con ilusiones de convertirse en profesional ¿El resultado? La Universidad cerró y miles de estudiantes no recibieron ninguna respuesta, perdiendo su tiempo y dinero.
Por ahora, la solución que se les ha dado a los alumnos de la Universidad Arcis es permitir la continuidad de estudios en la Universidad de Chile, pero con el título de la institución ubicada en calle Libertad, lo cual es un avance significativo comparando con lo que se produjo en la Universidad del Mar.
Pero ¿cuántas universidades o institutos profesionales siguen funcionando con total normalidad y sin acreditación? ¿Cómo el Estado puede resguardar el derecho de la educación de calidad en el sistema superior? El Estado debe tener un rol activo en el sistema de educación superior, en su fiscalización y también en su financiamiento. No puede ser que un profesional pase más de 20 años pagando una carrera profesional y termine siendo un negocio para el sector privado.
Es hora de hacerse cargo.
