La frase “Santiago no es Chile” cobra sentido cada cierto tiempo cuando se desencadena un conflicto social. Este año tuvimos la crisis laboral que sufrieron los habitantes de la Isla de Chiloé, quienes demandaban a las autoridades ayuda económica tras la marea roja que afectó a los pescadores artesanales de la zona y a toda una comunidad que sobrevive entorno a esta actividad.
Tras varias semanas de negociación y de incertidumbre económica, el hecho dejó en evidencia la centralización de Chile y las consecuencias que trae consigo esta problemática.
En este caso particular, Chiloé es una isla alejada de las comodidades que ofrece la capital, en donde sus familias se ven obligadas a trabajar en los que les entrega la tierra y el mar, no hay centros de estudios como universidades por lo que muchos jóvenes deben abandonar sus familias para ser profesionales o deben trasladarse a Puerto Montt cuando sufren alguna emergencia de salud puesto que no hay un hospital competente.
La centralización es un tema bastante complejo que no sólo afecta a las regiones más alejadas, sino también a una ciudad como Santiago que está ubicada en la región más pequeña del territorio chileno y que no se detiene en expandirse y que deteriora enormemente la calidad de vida de los capitalinos.
A comienzos el gobierno de Michelle Bachelet se presentó una Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, una iniciativa que buscaba generar medidas para fomentar el desarrollo regional, además de definir las responsabilidades específicas que serán traspasadas a las autoridades o instituciones regionales.
Tras el término de esta comisión, los regionalistas han denunciado la desaceleración que ha tenido el anunciado proceso para fomentar la autonomía de las regiones. Entre los puntos que más preocupan es el retraso en los proyectos de ley sobre la materia enviados por el Ejecutivo, las modificaciones conceptuales a la propuesta original de la comisión y la falta de voluntad en los equipos políticos para acelerar los cambios.
Por otra parte, uno de los tres proyectos comprometidos por el Ejecutivo en materia de descentralización es el de elección popular de intendentes, el que aún no comienza su discusión y que ha sido cuestionado por los grupos regionalistas puesto que coloca la figura de un gobernador regional, quien quitará atribuciones al futuro intendente electo.
Lo mismo considera un estudio realizado por Corbiobío sobre transferencia de competencias a las regiones. La organización ha concluido que los planes descentralización Chile no se han concretado, en donde además han señalado que los altos cargos y los sueldos más elevados siguen concentrándose en Santiago.
En este mismo informe se analizó la distribución de personal de los servicios públicos entre regiones. Un ejemplo de esto es el Sename, que cuenta con 413 funcionarios con remuneraciones por sobre el sueldo promedio y en la región del Bío Bío son 64. La situación se repite en la totalidad de los servicios analizados, como el Fosis que tiene 119 trabajadores en la región Metropolitana y sólo 16 en el Bío Bío.
La discusión sigue latente, continuará postergándose y los habitantes de todo Chile seguirán viendo la falta de oportunidades y la escasez de recursos que se viven en las regiones más alejadas de la capital. Todo indica que el proceso de descentralización será el próximo del desafío del próximo gobierno.