Un grupo de encapuchados volvió a atacar con balas a la comitiva que incluía al Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), que buscaban exhumar los restos de Pablo Marchant, un exintegrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) quien falleció en 2021 durante un enfrentamiento con la policía en Carahue. Esta nueva tentativa de exhumación tuvo lugar en el Fundo Pidenco, ubicado en la comuna de Lumaco, donde Marchant fue sepultado. La presencia de fuerzas de seguridad en la zona se tornó tensa cuando al arribar al sitio, desconocidos comenzaron a disparar, lo que llevó a abortar la operación de forma inmediata.
La fiscal y vocera de La Araucanía, Nelly Marabolí, explicó que el operativo se hizo a solicitud de la madre de Marchant, quien sostiene que las conclusiones de la investigación sobre la muerte de su hijo no son satisfactorias. Marabolí enfatizó que al tratar de acceder al lugar tanto desde Lumaco como desde Capitán Pastene, la comitiva fue recibida a balazos por individuos encapuchados, lo que no solo frustró la exhumación, sino que también puso en riesgo la seguridad del personal presente. La situación generó un clima de incertidumbre y riesgo en la zona, donde ya había tenido lugar un ataque similar el año anterior.
La investigación previa al caso Marchant había concluido que, en el momento de su muerte, el exintegrante de la CAM estaba involucrado en un atentado y portaba un fusil de guerra. Según los informes del Servicio Médico Legal y la Brigada de Homicidios, se establece que Marchant realizó amenaza a dos carabineros, lo que provocó que uno de ellos abriera fuego, causándole la muerte. Esta versión es la que ha sido objetada por su madre, quien busca nuevas evidencias y claridad sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.
Cabe recordar que el septiembre pasado, hubo un intento previo de exhumación que también fue frustrado por el ataque de encapuchados. Este patrón de violencia en la zona ha generado una creciente preocupación entre las autoridades y la comunidad, ya que los esfuerzos por esclarecer hechos violentos y llevar justicia a ciertos casos se ven constantemente obstaculizados por la resistencia armada. Tanto la fiscalía como las fuerzas policiales tienen la difícil tarea de garantizar la seguridad pública mientras buscan avanzar en una serie de investigaciones que han sido complejas y delicadas.
La resiliencia de las autoridades es puesta a prueba en este contexto de violencia e impunidad. Se han intensificado las solicitudes por parte de comunidades locales que exigen mayor protección ante este tipo de incidentes. Sin embargo, la situación refleja un conflicto más amplio que se pretende resolver, que incluye la lucha por los derechos de las tierras y las reivindicaciones de grupos mapuches como la CAM. La pregunta que persiste es cómo se logrará avanzar en la búsqueda de justicia frente a un contexto de alta tensión y confrontación como el que se vive en la región.
