El biministro de Energía y Minería, Álvaro García, anunció que en un plazo de dos semanas se dará a conocer el impacto en las tarifas de electricas, tras un informe revelador del Coordinador Nacional Eléctrico (CEN). Este informe, que surgió tras la detección de datos incompletos o mal respaldados, ha iniciado un proceso de revisión que podría apuntar a irregularidades en el marco de fijación tarifaria. En una reciente entrevista con la radio Cooperativa, García destacó la importancia de los hallazgos y aseguró que aún es prematuro hablar de errores de cálculo en las cuentas de la luz, enfatizando que se trata de una carencia de información necesaria para un correcto análisis.
García explicó que el proceso de recopilación de datos es un desafío considerable, dado que requiere revisar la información de varias empresas y sus instalaciones a lo largo del país. «Hemos solicitado auditorías exhaustivas que aportarán claridad sobre la situación, aunque estas llevarán algún tiempo», dijo. Se trata de un asunto que afecta a todas las entidades del sector, y el ministerio está trabajando para garantizar que todos los datos sean validados de manera adecuada, evitando así posibles sobrecobros en las tarifas a los consumidores.
El biministro comparó la situación actual con el caso de la empresa Transelec, que ofreció información adicional que contribuyó a identificar una sobrevaloración de ciertos activos. «La experiencia previa nos muestra que esto puede suceder nuevamente», comentó García, instando a las empresas a que compartan toda la información que posean para poder realizar los cálculos necesarios. La transparencia en la entrega de datos es crucial para entender el verdadero impacto en las tarifas eléctricas, según las autoridades.
Este contexto ha surgido a raíz de una investigación solicitada por el Gobierno al CEN, que se llevó a cabo tras el descubrimiento de inconsistencias en la valoración de activos en Transelec. García subrayó que, como resultado de esta investigación, se ha llegado a la conclusión de que las empresas de transmisión han presentado información insuficiente o mal sustentada. Este hallazgo origina dudas sobre la fiabilidad de los datos reportados y la forma en que estos influyen en la determinación de las tarifas eléctricas.
«Es responsabilidad exclusiva de las empresas proporcionar información suficiente y clara», afirmó García al resaltar la importancia de la vigilancia regulatoria. El Gobierno, al solicitar esta investigación, demuestra su compromiso para garantizar prácticas transparentes en el sector eléctrico. La falta de información adecuada podría tener repercusiones significativas en la facturación de los usuarios, lo que hace aún más urgente y necesario que se resuelvan estos problemas con prontitud.
