La Contraloría Regional de Ñuble ha emitido un informe alarmante que revela la falta de controles en la revisión y validación de facturas por parte de la Municipalidad de Trehuaco. Según los hallazgos, la municipalidad permitió que la empresa Áridos, Ingeniería y Construcción VDD Limitada emitiera ocho facturas por un total de $537.107.780 sin que existieran obras o servicios asociados a estos documentos. Este tipo de irregularidades no solo compromete la transparencia en la administración pública, sino que también plantea serias dudas sobre la gestión financiera de la municipalidad.
De manera similar, el informe también menciona a la empresa Servicios Nueva Biozono SpA, que emitió cinco facturas por un monto total de $144.741.901, correspondientes a servicios que nunca fueron prestados. Las facturas de ambas compañías, que suman un total de $492.076.782, fueron posteriormente cedidas a empresas de factoring, lo que añade un nivel de complejidad al asunto. La Contraloría ha señalado que la municipalidad no objetó las facturas dentro de los plazos establecidos por la Ley N° 19.983, lo que resultó en su aceptación irrevocable y una obligación ineludible de pago para la administración municipal.
El informe también destaca la grave situación que enfrenta la Municipalidad de Trehuaco, que se encuentra obligada a pagar un total de $63.145.808, cifra que incluye $28.343.814 ya desembolsados a los proveedores. A la fecha de la fiscalización, la municipalidad no había iniciado acciones judiciales en defensa de su posición, lo que sugiere una despreocupación preocupante ante estas irregularidades. La situación plantea serias dudas sobre la ética y la eficacia en la administración de los recursos públicos por parte de las autoridades locales.
Además, el informe ha identificado un potencial conflicto de interés que involucra al director de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Este funcionario manifestó haber aceptado cesiones de facturas de empresas de factoring sin contar con atribuciones legales, lo que infringe los deberes establecidos por el Estatuto Administrativo. Por otro lado, el administrador municipal firmó decretos de pago que podrían ser considerados como actos ilegales, dado que él mismo es socio de una de las empresas involucradas. Este tipo de conductas desvirtúan la confianza pública en las instituciones.
Como resultado de estas graves irregularidades, la Contraloría ha decidido instruir un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Trehuaco para establecer responsabilidades administrativas. Además, se ha ordenado al municipio que en un plazo de cinco días hábiles envíe las investigaciones sumarias iniciadas mediante los decretos alcaldicios, que servirán para esclarecer los hechos. También se enviarán estos antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, lo que podría llevar a acciones legales más severas contra los responsables de estas irregularidades administrativas.
