La Ley de Inclusión Laboral, vigente en Chile desde hace siete años, establece que las empresas con 100 trabajadores o más deben contar con al menos un 1% de su plantilla compuesta por personas con discapacidad o beneficiarios de pensiones de invalidez. Aquellas empresas que, por razones justificadas, no puedan cumplir con esta obligación, tienen la alternativa de realizar donaciones a fundaciones que promuevan la inclusión laboral. Este proceso de inclusión es fundamental, ya que más de 2.7 millones de personas en Chile viven con alguna discapacidad, y menos del 40% de ellas tiene acceso al mercado laboral formal. El plazo para que estas empresas notifiquen a la Dirección del Trabajo sobre su cumplimiento de esta ley se extiende hasta el 31 de enero de 2026.
Rodrigo Moreno, presidente de la Fundación SOFAN, subraya que la inclusión laboral va más allá del simple cumplimiento legal, requiriendo un compromiso sostenido que incluya formación, acompañamiento y desarrollo de habilidades. Moreno destaca que el trabajo de inclusión debe estar dirigido a fomentar la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad, asegurando que no solo se les vea como sujetos de caridad, sino como miembros activos y valiosos de la fuerza laboral. La perspectiva de que “cumplir la ley es una forma de garantizar derechos” resuena como un mensaje clave para las empresas, que deben ver esta responsabilidad como una oportunidad de crecimiento y no solo como un mandato legal.
La Ley 21.015 brinda a las empresas la opción de realizar donaciones en dinero a proyectos destinados al fortalecimiento de la inclusión laboral en Chile. Estas donaciones deben estar dirigidas a organizaciones que tengan programas inscritos en el Registro del Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El monto de las donaciones se calcula en función de la cantidad de trabajadores contratados y la cuota de inclusión no cumplida. Por cada trabajador que falta, las empresas deben aportar 24 ingresos mínimos mensuales, lo que convierte esta ley en un mecanismo importante para incrementar el financiamiento de iniciativas que beneficien a las personas con discapacidad.
Aun cuando el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral representa un paso crucial en la dirección de la equidad social, se requiere un cambio de mentalidad en las empresas. La idea de que cumplir con un 1% es suficiente es errónea; se debe aspirar a un compromiso del 100% hacia la inclusión. Esta iniciativa no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también fortalece a las empresas a través de la diversidad en sus equipos, que ha demostrado ser un factor clave para la innovación y el éxito en el mercado actual. La inclusión de trabajadores con discapacidad puede otorgar nuevas perspectivas y habilidades que enriquecen el ambiente laboral.
Finalmente, las empresas y la sociedad en su conjunto deben entender que la inclusión laboral es un reto compartido que requiere colaboración y esfuerzo continuo. La inclusión no debe ser vista como una responsabilidad aislada de algunas organizaciones, sino como una meta colectiva que impacta en el desarrollo social y económico del país. Las regiones de Chile tienen un papel vital en este proceso, y la implementación de programas de inclusión debe ser descentralizada, proporcionando la oportunidad para que cada comunidad desarrolle su propia estrategia de inclusión. Solo así, se podrá transformar la obligación legal en una verdadera oportunidad para construir una sociedad más justa y equitativa.
