La **Confederación de Estudiantes de Chile (Confech)** se reunió este sábado en la Universidad Alberto Hurtado, donde más de 300 estudiantes de diversas regiones del país abordaron los desafíos actuales del movimiento estudiantil. Este primer encuentro nacional tuvo como eje central la discusión de su postura respecto a la extensión de iniciativas como la **ley de Escuelas Protegidas** hacia la educación superior, alertando sobre las posibles implicancias de criminalizar el activismo estudiantil. Los dirigentes de la organización enfatizaron la necesidad de construir una base programática que no solo fortalezca la articulación interna, sino que también proyecte el movimiento ante un gobierno percibido como reacio al diálogo y a la participación estudiantil en decisiones clave.
Entre los acuerdos logrados, la Confech reafirmó su compromiso con una **educación superior gratuita, universal y de calidad**, señalando que esta no puede estar supeditada a la situación económica de las familias. Los estudiantes enfatizaron que la educación gratuita es una conquista social y no un favor gubernamental, urgiendo a un modelo de financiamiento más justo y transparente. En particular, se hizo hincapié en la necesidad de mayor fiscalización sobre el uso de recursos en las instituciones de educación superior, y se establecieron compromisos en materia de género, promoviendo la **Educación Sexual Integral** y los protocolos contra la violencia de género.
Una de las conclusiones más destacadas del encuentro fue la definición de una **estrategia de movilización clara**, que busca articular no solo a los estudiantes, sino también a otras organizaciones sociales. Aunque los dirigentes reconocieron la importancia de la acción colectiva, hicieron hincapié en que las movilizaciones deben ser discutidas democráticamente en las bases, y convocadas estratégicamente, buscando la mayor adhesión posible. Esta decisión refleja una postura proactiva del movimiento estudiantil, que busca fortalecer sus lazos con otros sectores de la sociedad, reafirmando su relevancia en la escena política.
En términos de respuesta a la agenda gubernamental en seguridad, Diego Torres, vocero de la Confech, criticó la propuesta de extender la ley de Escuelas Protegidas al ámbito universitario. Torres argumentó que estas medidas representan un intento de criminalizar el movimiento estudiantil, similar a lo que ocurrió en el pasado con la fallida Ley Aula Segura. Mientras condenó la violencia como forma de lucha, también destacó que este tipo de acciones deben ser vistas en el contexto de la frustración y el descontento social generado por el gobierno, defendiendo así el derecho a la protesta como un componente esencial de la vida democrática.
A pesar de las críticas hacia la administración actual, los líderes estudiantiles manifestaron su disposición al diálogo con el gobierno, aunque señalaron una falta de voluntad gubernamental para establecer conversaciones genuinas. Torres subrayó que el movimiento estudiantil ha estado abierto al diálogo siempre, pero han sido las decisiones tomadas “a puertas cerradas” y sin consulta previa las que han generado un marco de desconfianza. La Confech instó a la administración a considerar a los estudiantes como actores relevantes en las decisiones sobre educación y a no demonizar al movimiento estudiantil en medio de un contexto social complejo.
