El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha decidido tomar acciones legales contra tres empresas de asesoría hipotecaria: **Ávila & Asociados SpA**, **Pisón SpA** y **Asesorías Habitacionales Ávila y Asociados Limitada**. Esta medida se enmarca en una serie de incumplimientos verificados en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, donde se evidencia la falta de información adecuada, la inclusión de cláusulas abusivas y el cobro de montos a los consumidores sin proporcionar los servicios prometidos. La medida busca proteger a los afectados que confiaron en estas compañías para orientarse en su proceso de compra o arriendo de vivienda.
La investigación por parte del SERNAC ha revelado múltiples irregularidades cometidas por las empresas demandadas en el ámbito de las asesorías hipotecarias. Los consumidores que contrataron estos servicios se vieron perjudicados, pues no recibieron la información clara y oportuna sobre las condiciones de contratación. En varios casos, las empresas incluso cobraron tarifas por servicios y gastos operacionales sin haber concretado las gestiones necesarias para obtener financiamiento o ejecutar el servicio para el cual fueron contratadas, lo que podría considerarse como abuso de confianza.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es que, tras recibir los pagos, las empresas explicaron de forma evasiva que no podían ofrecer financiamiento para las operaciones solicitadas, dejando a los consumidores sin soluciones y sin el servicio que habían pagado. Esta falta de transparencia y responsabilidad por parte de las firmas ha llevado a muchos clientes a sentir que fueron estafados, lo cual motiva el accionar del SERNAC para asegurar que los derechos de los consumidores sean respetados.
En consecuencia, la demanda colectiva presentada por el SERNAC tiene como objetivo principal la restitución de los montos pagados por los afectados, así como la declaración de nulidad de las cláusulas consideradas abusivas. Además, la institución solicita que las tres empresas sean tratadas como un solo grupo económico para garantizar que no eludan sus responsabilidades mediante el uso de distintas razones sociales. Este enfoque es fundamental para proteger y restablecer la confianza de los consumidores en el sector de asesoría hipotecaria.
De confirmarse las infracciones llevadas a cabo por las empresas, las sanciones podrían ser severas, con multas que podrían alcanzar hasta 1.800 UTM, equivalente a cerca de $125 millones. Esta situación resalta la importancia de contar con un marco regulatorio eficaz que no solo proteja a los consumidores, sino que también garantice que las empresas operen bajo principios de transparencia y ética. El caso no solo subraya la necesidad de vigilancia en el sector, sino que también envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar las empresas ante el abuso de los derechos de los consumidores.
