La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que el operativo militar y policial destinado a desbloquear carreteras en el departamento de La Paz culminó con 47 detenciones y cinco heridos. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, indicó que la situación se monitorizó cuidadosamente en las ciudades de La Paz y El Alto, y se buscó garantizar que los detenidos contaran con abogados de defensa pública, según lo publicada por la agencia EFE.
Callisaya agregó que entre los heridos se encuentran ciudadanos con lesiones oculares y faciales que han recibido atención médica. Aunque no se proporcionaron detalles extensos sobre la gravedad de las lesiones, el defensor hizo un llamado a evitar la difusión de rumores sobre un presunto fallecimiento en medio de los enfrentamientos. La autoridad defensorial subrayó la necesidad de realizar verificaciones rigurosas sobre la información que circula en redes sociales.
El defensor del Pueblo también instó a priorizar la protección de la vida y la convivencia pacífica, destacando que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica, y que cualquier intervención estatal debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Este llamado es crucial en un contexto de tensión social y conflictos derivados de las protestas en la región.
Además, la Defensoría del Pueblo ha documentado agresiones y obstáculos al trabajo de periodistas en la cobertura de estos eventos. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reportó que dos periodistas fueron lesionados tras ser emboscados por manifestantes que bloqueaban una ruta en Lipari, al sur de La Paz. Un reportero fue retenido violentamente durante varios minutos y su equipo de trabajo fue destruido, lo que pone de manifiesto los riesgos enfrentados por quienes informan sobre el conflicto.
Callisaya también mencionó situaciones de confrontación entre grupos movilizados y residentes de las áreas afectadas por los bloqueos. Las afectaciones humanitarias se han intensificado tras más de 11 días de protestas en La Paz. Por lo tanto, el defensor del Pueblo enfatizó la urgencia de un diálogo que conduzca a la desescalada del conflicto y a la reconciliación, colaborando incluso con la Iglesia Católica en la búsqueda de soluciones pacíficas para la crisis que atraviesa el país.
