El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó el día martes sobre la situación del Benjamín Huerta Escobar, quien fue detenido recientemente en Ovalle por tráfico de fentanilo. Pavez confirmó que Huerta Escobar ya no es beneficiario de la pensión de gracia otorgada por el Estado a las víctimas del estallido social de 2019. Este anuncio se produce en un momento en que el país está revisando los casos de los beneficiarios de estas pensiones.
Durante su declaración desde La Moneda, el subsecretario destacó que la pensión otorgada por el gobierno anterior fue revocada en enero de 2026. Según Pavez, es crucial que el gobierno actual implemente una revisión exhaustiva de los beneficiarios de pensiones de gracia debido a la naturaleza especial y sensible de estos recursos. El Funcionario enfatizó que es una obligación del Estado velar por la correcta administración de dichos beneficios.
El subsecretario también señaló que, bajo la dirección del ministro del Interior, se está llevando a cabo una revisión integral de todos los casos relacionados con las pensiones de gracia. Este proceso tiene como objetivo garantizar que los recursos se destinen a las personas que realmente cumplan con las condiciones que justifican dicho apoyo, en línea con la responsabilidad fiscal y ética del gobierno.
Asimismo, Pavez aseguró que este proceso de revisión no es un acto aislado, sino que forma parte de un compromiso más amplio del gobierno del presidente José Antonio Kast con respecto a los beneficios entregados tras el estallido social de octubre de 2019. Al enfatizar que este ejercicio ha estado en curso desde el inicio de su gestión, el subsecretario prometió que cualquier novedad relacionada con la revisión será comunicada de manera clara y oportuna.
Finalmente, la cuestión de las pensiones de gracia se ha convertido en un tema de interés público, dado que refleja las distintas posturas políticas y sociales en un contexto marcado por los efectos del estallido social. La información sobre casos como el de Benjamín Huerta Escobar invita a la reflexión sobre la gestión de los recursos y el papel del gobierno en la protección de los ciudadanos, especialmente en un contexto tan delicado como el que vive Chile.
