En la reciente sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el director de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, Luis Fernando Saffie, planteó preocupaciones sobre el proyecto de ley que propone la creación de un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades. A pesar de la notable ausencia de representantes del Ejecutivo en este debate, Saffie destacó la importancia del registro, al tiempo que cuestionó la manera en que se definirán algunas conductas e incivilidades que se incluirán. Entre sus intervenciones, subrayó la especial gravedad del homicidio de fiscales y defensores, que debería ser considerado un acto vandálico dado el contexto de criminalidad organizada que enfrenta el país.
Saffie también abordó la necesidad de un catálogo que contemple otras figuras delictivas, tales como la conducción temeraria y las carreras clandestinas. Esta propuesta se enmarca dentro de un esfuerzo por actualizar la definición de incivilidades, buscando una mayor protección para quienes desempeñan roles críticos en el sistema judicial. Sin embargo, el director de la Fiscalía destacó que este catálogo de incivilidades debe ser revisado con cautela y que es fundamental garantizar que no se vulneren derechos sociales ya adquiridos de la población.
Uno de los puntos más discutidos durante la sesión fue cómo los nuevos delitos podrían afectar los derechos sociales de los ciudadanos. Saffie alertó que la privación de derechos, específicamente en relación a la obtención de licencias de conducir y pasaportes, podría tener repercusiones severas en la reinserción sociolaboral de las personas. Argumentó que estas medidas corren el riesgo de convertirse en un tipo de arraigo forzado, lo que podría limitar la libertad de movimiento y las oportunidades laborales de quienes se encuentren en la lista de infractores.
El director de la Fiscalía también hizo hincapié en que, a medida que avanza la discusión del proyecto de ley, será esencial examinar los potenciales problemas de constitucionalidad que puedan surgir. En particular, apuntó a cómo la privación de derechos sociales podría resultar en recursos de protección interpuestos por los ciudadanos afectados. Este aspecto abre un debate jurídico significativo que probablemente llevará al Tribunal Constitucional a evaluar la ley en su conjunto, para asegurar que los derechos ya establecidos no sean vulnerados en el proceso.
Finalmente, Saffie concluyó su intervención reiterando el valor que tiene el proyecto para la protección de fiscales y defensores, pero también hizo un llamado a la prudencia y el análisis crítico. Aseguró que es fundamental encontrar un balance entre la lucha contra la criminalidad y la defensa de los derechos sociales, recordando que cualquier medida que se implemente debe considerar las consecuencias a largo plazo en la vida de las personas. La discusión sobre este registro de vándalos y las incivilidades apenas comienza, y su desarrollo seguirá generando debate entre las diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil.
