La reciente decisión del gobierno de avanzar con modificaciones a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente ha encendido nuevamente el debate en el ámbito político, especialmente entre la oposición. En un contexto reciente donde varios ministros, incluido el de Justicia, **Fernando Rabat**, han mostrado disposición a introducir enmiendas significativas, los diputados de la oposición no tardaron en manifestar su preocupación. Con el contexto aún fresco de la anterior batalla legislativa en torno a las ‘Escuelas Protegidas’, la oposición amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar lo que consideran una potencial violación a los derechos de los jóvenes.
Las enmiendas propuestas, que incluyen modificaciones sobre la residencia de jóvenes condenados y la eliminación de la limitación de penas para ciertos delitos, han sido vistas por algunos legisladores, como la diputada **Lorena Fries** (FA), como un intento de homogeneizar el tratamiento penal de adultos y menores. Fries advierte que esto infringiría los derechos garantizados a niños, niñas y adolescentes, advirtiendo la necesidad de mantener un sistema especializado separado del de adultos. Su postura, que enfatiza la protección de los derechos fundamentales, ha resonado también con otros parlamentarios que consideran que las enmiendas atentan contra el interés superior del menor.
El jefe de la bancada del PS, **Raúl Leiva**, también se alzó en contra de las propuestas del Ejecutivo, subrayando que las modificaciones sugeridas violan los principios del debido proceso y los estándares internacionales de derechos humanos. Con claridad, Leiva ha señalado que la norma vigente exige que cualquier procedimiento judicial que involucre a menores de edad debe priorizar su desarrollo y bienestar. Según él, las enmiendas podrían poner en riesgo estos principios y, por ende, ser consideradas inconstitucionales.
Por otro lado, el diputado **Bernardo Salinas** (Ind.-PC), parte de la comisión de Seguridad, ha ofrecido una perspectiva diferente, sugiriendo que la revisión de la responsabilidad penal en los jóvenes es justa para abordar el problema de la creciente violencia juvenil. Salinas argumenta que estas reformas no deben, sin embargo, suponer una merma a los derechos de los jóvenes, y ha instado a un enfoque cauteloso que no propicie un camino hacia la marginación o la criminalización de la juventud. En este sentido, la discusión se revela como un delicado equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos de un sector vulnerable de la sociedad.
La historia reciente del gobierno en el TC refuerza las tensiones actuales. La oposición ya ha salido victoriosa en el pasado, impugnando con éxito varios artículos de la controvertida ley de ‘Escuelas Protegidas’, lo que pone presión adicional sobre el Ejecutivo a medida que navegan estas aguas turbulentas. La posibilidad de que el TC actúe nuevamente contra las enmiendas propuestas sobre Responsabilidad Penal Adolescente refleja una lucha continua entre derechos humanos y la seguridad pública, un dilema que parece estar lejos de resolverse.
