El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Bravo, ha expresado serias dudas sobre la factibilidad de alcanzar la meta del 6,5% de desempleo establecida por el gobierno de José Antonio Kast para el final de su mandato. Durante una reciente charla, Bravo definió el actual estado del mercado laboral chileno como una «crisis estructural» que no puede ser solucionada con soluciones rápidas o temporales. La disyuntiva que enfrenta el país trasciende el contexto actual y apunta a tendencias de largo plazo que han visto un aumento gradual en la tasa de desempleo, a pesar de que hubo un descenso temporal durante la recuperación post-pandemia.
Desde la perspectiva de Bravo, el objetivo del gobierno no solo es ambicioso, sino que resulta «virtualmente imposible», dadas las circunstancias económicas actuales. El estudio de las cifras recientes muestra que la tasa de desempleo en Chile alcanzó el 9,4% en el trimestre de abril a junio de 2026, afectando a cerca de 980 mil personas y sugiriendo que bajar del 8% podría ser un logro realista en este contexto. Además, el economista señala que la creación de empleo está acompañada de una creciente informalidad y subempleo, lo que implica que el problema no es solo la cantidad de empleos, sino la calidad de estos.
En lo que respecta a las reformas laborales planteadas, Bravo se muestra a favor de las medidas que promueven la flexibilidad en la jornada laboral, lo que podría ayudar a mitigar los efectos negativos en el empleo que la reducción de horas conlleva. Sin embargo, el director del OCEC advierte de las desventajas que esto puede presentar para los trabajadores, especialmente aquellos con responsabilidades familiares. Las reformas que permiten una distribución más flexible de las horas de trabajo son valoradas por el economista, aunque considera que persisten áreas que requieren mejora para asegurar beneficio mutuo entre empleadores y empleados.
El impacto de un bajo crecimiento económico también se refleja en la disminución de los recursos disponibles para el gasto social, advirtió Bravo. Esto es particularmente preocupante para las familias más vulnerables de la sociedad chilena. En este sentido, resaltó la importancia de la reforma al mercado de capitales, que se anunciará en septiembre, considerándola esencial para mejorar la situación económica del país y fomentar un entorno más propicio para la inversión. El desempeño de este sector económico es crucial, ya que está íntimamente relacionado con el ahorro y las decisiones de inversión que realizan las empresas.
Por último, el economista enfatizó que las reformas proinversión aprobadas no ofrecerán resultados inmediatos, ya que la movilización de proyectos y los cambios tributarios requerirán tiempo para traducirse en nuevas inversiones. Aunque algunas medidas podrían empezar a mostrar efectos positivos a partir de 2027, Bravo indica que el país aún enfrenta un largo camino hacia el logro de una mejora sostenible en el mercado laboral y la economía en general, lo que pone aún más presión sobre el gobierno y sus planes futuros.
