En un reciente desarrollo en el ámbito político, la bancada del **Frente Amplio** ha presentado cuatro oficios de fiscalización dirigidos a la **Contraloría General de la República**, el **Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)**, el **Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)** y al **Ministerio de Hacienda**, en un esfuerzo por investigar posibles conflictos de interés del ministro de Hacienda, **Jorge Quiroz**. Esta iniciativa surge en el contexto de la presentación de una Comisión Especial Investigadora, a raíz de preocupaciones sobre la ética y la legalidad en la operación del Comité de Proyectos establecido en el SEIA, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda.
Los diputados involucrados en este cuestionamiento, **Ignacio Achurra** y **Jaime Bassa**, junto con la diputada **Constanza Schonhaut**, basaron su solicitud en informes preliminares de *CIPER* que sugieren la existencia de irregularidades en el sistema implementado por el Ministerio de Hacienda, el cual busca acelerar la tramitación ambiental de proyectos de inversión. Achurra ha afirmado que el comité, fundado por Quiroz sin un respaldo legal adecuado, ha estado actuando en beneficio de proyectos que favorecen directamente a familiares de Quiroz, lo que plantea serias dudas sobre la probidad administrativa y el cumplimiento de las normativas.
El Comité de Proyectos en el SEIA, que está compuesto por diferentes subsecretarías como las de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente, y que es coordinado por el Ministerio de Hacienda, ha sido objeto de críticas por su falta de estructura formal. De acuerdo con los documentos presentados por los diputados, este organismo no solo carece de una base legal, sino que tampoco cuenta con actas públicas ni criterios claros para priorizar los proyectos, lo que lleva a cuestionar su legitimidad y transparencia.
Además, los parlamentarios han informado que el comité aprobó recientemente dos proyectos que tienen vínculos directos con el ministro de Hacienda, a pesar de las observaciones técnicas realizadas por Sernageomin. En su fiscalización, buscan obtener información precisa, como el instrumento que supuestamente estableció el comité, la lista de proyectos evaluados desde el 11 de marzo y otros documentos necesarios para esclarecer el proceso de toma de decisiones, las actas de sesiones y la fundamentación de las calificaciones ambientales.
Por último, se ha solicitado a la **Contraloría** un pronunciamiento sobre la legalidad de la creación y operación del comité, así como la verificación del cumplimiento del deber de abstención que, según los diputados, debía tener el ministro Quiroz en relación a estos proyectos. El requerimiento también incluye un análisis de la declaración de intereses y patrimonio del ministro, la cual, según los denunciantes, presentaba omisiones y se rectificó en julio de 2026. Este caso seguirá siendo objeto de escrutinio a medida que avance la investigación.
