La semana pasada, se presentó una propuesta para imitar el esfuerzo llevado a cabo por las universidades de Washington y Vanderbilt en Chile, que consiste en la encomienda de un informe sobre el estado de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Este análisis surge en respuesta a las críticas en torno a la supuesta erosión de los estándares académicos y la falta de pluralismo, temas que han ganado relevancia en los debates académicos en Estados Unidos. El documento titulado ‘Informe sobre el estado de la investigación en las Humanidades y las Ciencias Sociales Humanísticas’ busca primero encuadrar estas críticas de manera objetiva y, al mismo tiempo, resaltar el trabajo significativo y riguroso de estas disciplinas, que a menudo queda relegado en el ámbito público.
En este contexto chileno, la creación de un informe similar podría servir de baluarte para proteger las Humanidades y las Ciencias Sociales de la creciente sospecha que se cierne sobre ellas. Sin embargo, es fundamental que este documento sea formulado de manera reflexiva, desprovisto de discursos corporativos vacíos. Las Ciencias Sociales y las Humanidades son cruciales en la formación de profesionales, a menudo enfrentan la dura realidad de tener bajos retornos laborales, lo que hace más exigente justificar su financiamiento estatal ante la creciente masificación de la educación superior.
No obstante, el mayor reto radica en la formación de un equipo académico que sea no solo excepcional en su campo, sino también imparcial y comprometido con la pluralidad de ideas, para así poder ofrecer una evaluación honesta. Bajo este lente, se espera que el informe no solo defienda los intereses de estas áreas del conocimiento, sino que también ofrezca un análisis crítico y autocrítico que enfoque en las áreas de mejora y esboce un panorama más amplio de las Ciencias Sociales y Humanidades en el país.
La propuesta de un informe ha generado reacciones diversas en el ámbito académico. Por un lado, Carolina Gainza, exsubsecretaria del Ministerio de Ciencia, argumentó que un informe del centro Massi, dirigido por ella, equivaldría a los trabajos de Washington y Vanderbilt. Sin embargo, las similitudes parecen escasas, ya que el informe de Gainza muestra un enfoque más gremialista y autocomplaciente que no aborda las críticas fundamentales que afectan al sector. En contraste, el planteamiento de Alfredo Joignant resalta la necesidad de un informe, pero argumenta que su convocatoria no debería provenir del Ministerio de Ciencia debido a su potencial politización.
Las respuestas de Gainza y Joignant reflejan dinámicas complejas en la academia chilena que han sido evidentes en los últimos años, especialmente durante el estallido social y el proceso constitucional, marcadas por la politización y la falta de pluralismo. La sugerencia de que la creación de un informe debería surgir de instancias independientes, como el Consejo de Rectores o universidades de prestigio, podría resultar en un análisis más imparcial y constructivo. Tal documento no solo serviría para defender las Humanidades y Ciencias Sociales, sino también para promover un debate iniciado desde dentro de estas disciplinas, reafirmando su intención de observarse y reflexionar de manera crítica sobre su propio impacto en la sociedad chilena.
