La situación política y económica en Chile ha dado un giro inesperado tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional, que rechazó un requerimiento presentado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Este fallo, que se traduce en una nueva derrota para La Moneda, implica que las empresas de servicios sanitarios, eléctricos y de gas están obligadas a reponer gratuitamente los servicios interrumpidos, incluso aquellos que han sido cortados por falta de pago, durante las declaraciones de zona de catástrofe. La norma fue introducida por la diputada Sofía González y fue aprobada por la oposición, lo que refleja una clara desventaja para el oficialismo en el Congreso. En este contexto, el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había solicitado la inconstitucionalidad de esta disposición, pero su insistencia resultó infructuosa al ser rechazada abrumadoramente por el tribunal en una votación de 9 a 1.
La impugnación de Quiroz no solo se centró en el artículo relacionado con la reposición de servicios básicos, sino que también incluyó otros tres aspectos de la megarreforma que generaban controversia. Estos incluían el derecho al olvido financiero, la prohibición de cobrar intereses sobre intereses y la obligación de pagar a las pequeñas y medianas empresas en un plazo de 30 días. Sin embargo, la estrategia del gobierno de presentar vetos en lugar de buscar una negociación más amplia no dio los resultados esperados, ya que estos artículos fueron finalmente aprobados por ambas cámaras del Congreso. Este desencuentro entre la administración de Kast y la oposición subraya las divisiones profundas en la política chilena y la dificultad que enfrenta el ejecutivo para implementar su agenda.
Un aspecto crítico del episodio ha sido la falta de coordinación dentro del gabinete del presidente Kast. La presentación del requerimiento al TC fue realizada sin el conocimiento del jefe de gabinete, Claudio Alvarado, lo que despierta preguntas sobre la comunicación interna en el gobierno. La situación se complicó aún más cuando Alvarado, al ser cuestionado por la falta de transparencia sobre la acción legal, admitió que no estaba al tanto de la presentación del requerimiento, lo que provocó tensiones entre los ministros y puso de relieve las disputas en el seno del oficialismo. En este sentido, el presidente Kast tuvo que asumir la responsabilidad por este desliz, reconociendo la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación en su administración.
La pérdida en el Tribunal Constitucional se suma a una serie de reveses que ha sufrido el gobierno de Kast en esta instancia. En ocasiones anteriores, el TC había declarado inconstitucionales varios artículos de la normativa conocida como «Escuelas Protegidas», que abarcaba facultades polémicas para autoridades escolares y era vista como una medida de control sobre los estudiantes. Adicionalmente, otras disposiciones de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica también han sido objeto de críticas similares. Este patrón de derrotas legales sugiere que La Moneda enfrenta desafíos significativos para avanzar su agenda legislativa, en un contexto donde la balanza se inclina claramente hacia la oposición.
Finalmente, la situación plantea interrogantes sobre el futuro del gobierno y su capacidad para legislar en una estructura donde la oposición juega un rol decisivo. La administración de Kast deberá replantear sus estrategias y buscar nuevas maneras de tender puentes con la oposición si quiere evitar más revés legales y políticas públicas que sean rechazadas. La polarización y las diferencias en el enfoque hacia la legislación podrían dificultar los esfuerzos del gobierno para manejar una crisis que, a todas luces, está en ascenso. Los próximos meses serán cruciales para ver si el gobierno logra retomar el control de la narrativa política y encontrar un camino hacia un diálogo constructivo.
