La reforma constitucional impulsada por el ministro Martín Arrau se encuentra en un momento crucial, con el oficialismo discutiendo un ajuste radical a la propuesta o una posible fusión con mociones de la oposición. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha sugerido sacrificar el nuevo estado de excepción que forma parte de la iniciativa, abriendo la puerta a una negociación con las distintas bancadas para integrar las propuestas de la oposición, que se niega a aceptar el proyecto en su forma actual. En respuesta, el Partido Socialista (PS) reafirmó su posición en su cónclave reciente, exigiendo el retiro de la iniciativa y rechazando cualquier intento de legislar en su favor.
Este clima de incertidumbre llevó a una reunión entre los presidentes de los partidos y ministros del gobierno, donde se discutieron las opciones estratégicas para salvar la reforma. Con la resistencia no solo de la oposición, sino también con tensiones internas al interior del mismo oficialismo, La Moneda optó por congelar la tramitación del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado. Se espera que, si las negociaciones avanzan, la reforma podría ser discutida formalmente en la segunda semana de septiembre, aunque el margen de maniobra se va estrechando.
En este sentido, el gobierno ya ha mostrado disposición a modificar aspectos clave de la reforma, especialmente en lo que respecta al nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad, que algunos sectores consideran demasiado extremo. El ministro Arrau ha indicado que está abierto a reducir la duración de este estado de 240 a solo 30 días y a suavizar las medidas más controversiales, como la interceptación de comunicaciones. Sin embargo, se resiste a retirar por completo el estado de excepción, lo que ha generado un tira y afloja entre las diferentes facciones dentro del gobierno y la oposición.
En medio de este tira y afloja, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha enfatizado la importancia de buscar un consenso amplio y ha criticado la falta de socialización del proyecto desde el inicio. En el programa Mesa Central, señaló que el camino hacia una propuesta común requiere un trabajo previo más sólido y una colaboración más directa entre el gobierno y las distintas fuerzas políticas, incluido el PS y otros sectores. Su idea de abordar la reforma simultáneamente en su discusión general y particular podría ser un intento de evitar el conflicto que se podría generar si se vota en general primero.
Por su parte, dentro del PS también hay un sentimiento de rechazo hacia la reforma en su forma actual. Varios miembros del partido han expresado su preocupación por las implicaciones de una reforma que podría poner en riesgo derechos ciudadanos en nombre de la seguridad. La presidenta del PS ha manifestado que cualquier acción relacionada con la reforma debe generar garantías de que no se convierta en una limitación de derechos. Con un mensaje claro, el partido ha indicado que no apoyará la legislación de esta reforma, lo que deja al gobierno en una posición complicada y obligará a un replanteamiento de sus estrategias para abordar la seguridad en el país.
