Tras cuatro meses en prisión preventiva, Arnaldo Domínguez, ex mano derecha del diputado Joaquín Lavín León, ha sido beneficiado con arresto domiciliario total, según lo decidido por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La audiencia tuvo lugar este martes y fue un evento clave en el caso de fraude al Fisco que involucra a ambos imputados. Domínguez, que había estado recluido en dos centros penitenciarios desde su formalización el 4 de mayo, verá su situación cambiar radicalmente, dejando atrás las esposas y la chaquetilla amarilla que caracterizan la vida en prisión.
Durante la audiencia, la fiscal Constanza Encina expresó que no se opuso a la solicitud de la defensa de Domínguez porque su enfoque está en la culminación de la investigación y la preparación del caso para un juicio. Este apoyo de la fiscalía es significativo, especialmente considerando que Joaquín Lavín también recibió una rebaja de las medidas cautelares en un pronunciamiento previo de la Corte de Apelaciones. La decisión de no oponerse a la modificación de la medida de Domínguez parece alinearse con un objetivo más amplio de resolver el caso de manera eficiente.
La defensa de Arnaldo Domínguez, liderada por los abogados Pablo Araya Zacarías y Esteban Olivares, mostró satisfacción con el resultado de la audiencia, describiendo la medida como proporcional a la supuesta participación de Domínguez en el caso. Según su defensa, Arnaldo no tiene responsabilidad en los delitos imputados, lo que refuerza su argumento a favor del arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva.
En otro aspecto relevante, la jueza del caso también accedió a la solicitud de la defensa de suspender temporalmente el arresto domiciliario para que Domínguez pueda acompañar a su hijo a terapias necesarias. Esta consideración familiar añade una dimensión personal a la situación, subrayando el impacto del proceso judicial en la vida de Domínguez y su familia. Las medidas de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros coimputados se mantienen vigentes, así como el seguimiento de las condiciones establecidas.
Por último, en la audiencia se abordó la extensión del plazo de la investigación, dado que aún quedan diligencias clave por realizar. Con la ampliación acordada en 90 días, las autoridades esperan tener un panorama más claro antes de proceder con la acusación formal. La proactividad de la fiscalía y la defensa de Domínguez apuntan a la intención de concluir el proceso judicial de forma eficiente, en un caso que ha captado la atención mediática y pública en el contexto político chileno.
