La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del oficialismo, aprobó este martes en primera legislatura una reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo. Esta modificación prohíbe la participación de partidos opositores en los procesos electorales, consolidando aún más el dominio del gobierno sobre el sistema político del país. La decisión, que ha generado una fuerte reacción internacional, se lleva a cabo en un contexto de creciente aislamiento del régimen nicaragüense, especialmente por parte de Estados Unidos y naciones de la región.
Según reporta la agencia internacional Reuters, la reforma establece que los partidos de oposición no podrán participar en futuros comicios, lo que representa un golpe devastador para los líderes disidentes que ya han enfrentado represalias significativas del gobierno, incluyendo la pérdida de su nacionalidad. Ortega ha calificado a estos opositores como «traidores» y «golpistas», una retórica que ha utilizado para justificar la represión de cualquier intento de disidencia y para consolidar su poder cueste lo que cueste.
Adicionalmente, la modificación constitucional amplía los periodos de mandato de los copresidentes y otras autoridades electas de seis a siete años. Este cambio no solo refuerza la permanencia de Ortega y Murillo en el poder, sino que también comparece con una reforma anterior que ya había incrementado el mandato presidencial de cinco a seis años. De acuerdo con la nueva legislación, los mandatos de los jefes del Ejército y la Policía también se verán extendidos, garantizando el control militar y policial sobre cualquier posible levantamiento popular.
Aunque la reforma ha sido aprobada en una primera legislatura, aún no entra en vigor, ya que la legislación nicaragüense requiere que las modificaciones constitucionales sean ratificadas en dos ocasiones. La segunda votación está programada para comenzar el 18 de enero de 2027, un plazo que podría estar destinado a consolidar aún más el control del oficialismo sobre el país antes de que la reforma finalice su proceso legislativo.
El impacto de estas decisiones se refleja en el calendario electoral, dado que las elecciones generales, que originalmente estaban previstas para noviembre de este año, han sido retrasadas a noviembre de 2027. Esta maniobra no solo retrasa la posibilidad de un cambio político, sino que también genera incertidumbre y desconfianza entre la población. Ortega ha afirmado discrepantemente en varias ocasiones que “en Nicaragua no volverán a haber elecciones”, una declaración que subraya su intención de perpetuar su mandato sin oposición.
