La presidenta del gremio, Macarena Cepeda Godoy, hizo un llamado urgente al Ejecutivo para que se involucre en el creciente fenómeno de la pesca ilegal en Chile. A pesar de la reciente iniciativa en el Senado que propone crear un delito especial para el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos, Cepeda subraya que es imperativo que se actúe rápidamente contra las redes de crimen organizado que explotan de manera ilegal las especies marítimas. Esta práctica criminal no solo está arrasando con los recursos pesqueros, sino que también está generando ingresos de aproximadamente US$430 millones anuales para las mafias que operan en el país, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y el sustento de muchas comunidades costeras afectadas por esta actividad.
Durante el seminario “Por un Chile sin economía ilícita: los casos forestal y pesquero”, se evidenció que la pesca ilegal ha evolucionado desde simples robos a operaciones complejas de crimen organizado. Este evento, que reunió a Pescadores Industriales del Biobío, la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) y Corma Biobío-Ñuble, concluyó que la comercialización ilegal de productos del mar está moviendo cifras cercanas a los US$430 millones anuales y generando pérdidas tributarias cercanas a los US$50 millones, lo que representa un grave golpe a las finanzas del Estado. Expertos enfatizaron que este fenómeno no solo afecta el ámbito económico, sino que también compromete la seguridad de los trabajadores y la salud de los consumidores.
La pesca ilegal se posiciona como uno de los problemas más considerables que enfrenta el sector pesquero en Chile, dado que agota las poblaciones de peces y destruye hábitats marinos. Este tipo de actividad ilícita ha permitido que organizaciones criminales lleven a cabo una explotación masiva y descontrolada de los recursos marinos. Lo que antes eran robos aislados se ha transformado en una economía ilícita bien estructurada, donde los recursos del Estado son insuficientes para abordar el fenómeno de manera integral. La situación es alarmante, ya que actualmente la pesca ilegal ocupa un lugar entre las diez economías ilícitas más significativas del país.
A raíz de los problemas generados por el crimen organizado en el ámbito de la madera, la gerenta regional de CORMA Biobío-Nuble, Margarita Celis, propuso una estrategia que ha funcionado en la reducción del impacto económico de dicha actividad ilícita, logrando una disminución del 94% entre 2021 y 2023. Este enfoque integrador, que combina la colaboración público-privada, la autorregulación y el uso de tecnología, podría ser replicado para combatir la pesca ilegal. Macarena Cepeda resaltó que entender el problema en su totalidad es esencial, ya que la pesca ilegal no es solo un asunto de legislación, sino un crimen organizado que requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte del Estado.
Finalmente, en una mesa de análisis sobre la situación de la pesca ilegal, se reafirmó la necesidad de colaborar entre diversas instituciones, incluyendo Sernapesca y la Armada. Con solo 1.200 funcionarios para fiscalizar todas las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura, y con un alto índice de impunidad en casos detectados, se hace imperativo mejorar la coordinación y los recursos asignados para enfrentar esta crisis. El 96% de los casos de pesca ilegal no resultan en sanciones efectivas, lo que subraya la urgencia de legislar y abordar la pesca ilegal como un crimen organizado que amenaza tanto la economía como la seguridad alimentaria del país.
