Los bloques opositores en la Cámara de Diputados de Argentina han convocado a una sesión especial programada para el **jueves 15 de octubre**. Esta cita busca abordar y rechazar el **Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023** emitido por el presidente Javier Milei, cuya implementación ha sido objeto de múltiples críticas en el ámbito legislativo y social. La principal preocupación se centra en la derogación de la Ley de Tierras Rurales, un tema que ha cobrado mayor relevancia tras el reciente fallo del **Tribunal Supremo**, que restauró un artículo del decreto que elimina las restricciones para que extranjeros adquieran tierras rurales. Este fallo se produjo tras desestimar una demanda por cuestiones procesales, lo que ha encendido las alarmas entre los partidos de oposición que consideran que esta decisión representa una amenaza a la soberanía alimentaria y la seguridad nacional del país.
Para que la iniciativa de la oposición avance, es fundamental alcanzar un **quórum de 129 diputados** que permita iniciar el debate sobre la derogación del decreto presidencial. El líder de Unión por la Patria, **Germán Martínez**, ha formalizado la solicitud, que cuenta con el respaldo de varios legisladores de diferentes espacios políticos. Esta reunión no solo se limitará al análisis del DNU, sino que también abordará otros temas relevantes, como el endeudamiento familiar y la emergencia nacional en materia de discapacidad, amplificando así la agenda de discusión de la oposición en busca de más puntos de consenso y apoyo popular.
El alcance de la oposición no se detiene en la Cámara de Diputados; también se extiende al **Senado**, donde legisladores del partido justicialista han presentado un proyecto de ley que busca derogar el polémico artículo 154 del decreto de Milei para restablecer la normativa de 2011. Esta legislación previa limitaba la adquisición de tierras nacionales por extranjeros, una medida que los senadores defienden como crucial para la protección de recursos naturales estratégicos y la autodeterminación del país. El rechazo a la medida actual refleja una clara línea de defensa de lo que consideran una necesidad de preservar la integridad territorial y productiva de Argentina.
Los senadores peronistas han calificado de «bochorno» el fallo de la Corte Suprema respecto a la demanda presentada por el **Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM)**, que había impulsado un amparo sobre el tema. Argumentan que el suelo debe considerarse un recurso esencial y no simplemente una mercancía sometida a las fluctuaciones del mercado. En los fundamentos de su iniciativa, destacan que la propiedad de la tierra está íntimamente relacionada con la seguridad nacional, la independencia productiva y el bienestar de la población, evocando la necesidad de un marco legislativo que proteja estos intereses por encima de intereses extranjeros.
Por su parte, el presidente Milei defendió la decisión de la Corte, argumentando que es fundamental respetar el principio del republicanismo y la separación de poderes. En un coloquio organizado por el **Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)**, el mandatario enfatizó que la autonomía del tribunal es sagrada y que su administración no intervendrá en las decisiones judiciales. Al afirmar que «lo que decide la Corte es lo que decide la Corte», Milei busca reafirmar su compromiso con el estado de derecho, mientras que la oposición continúa abogando vigorosamente por la restauración de la Ley de Tierras y la protección de los recursos argentinos frente a potenciales intereses foráneos.
