En una reciente entrevista, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se mostró moderado sobre los resultados de la Ley de Presupuesto 2027, a pesar de haber solicitado un incremento del 23,9% en sus recursos. Al ser cuestionado sobre cómo le había ido, él respondió: «No tan bien, pero me fue bien», reflejando así la realidad de un contexto fiscal ajustado bajo el gobierno de José Antonio Kast, que busca reducir los presupuestos de todos los ministerios. Las expectativas del titular del Minvu han sido acotadas en los últimos días, entendiendo la difícil situación económica del país, que se traduce en presupuestos más restringidos.
Según la información obtenida por **La Tercera**, los ingresos asignados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo son prácticamente estables, con un pequeño aumento del 0,24% en comparación con el presupuesto aprobado en 2026. El monto total de ingresos brutos asciende a **$6.689.819.978.000**, en contraste con el **$6.673.426.789.000** del año pasado. Sin embargo, al considerar ajustes y diferencias por leyes especiales, la Dirección de Presupuestos estima un aumento del 1,8%, que junto con el Gasto de Estado de Operaciones (GEO) lleva a un incremento del 5,8%, cifra que el ministro busca destacar en su discurso.
Uno de los aspectos que más valoró Poduje fue el aumento del 7% en el programa habitacional específico, con un énfasis particular en los sectores medios y emergentes. Este programa, que abarca subsidios, leasing y programas de integración social, logró un incremento real de **$1.176.376 millones**. El ministro aseguró que este aumento es un reflejo de la confianza depositada por el Presidente y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, asegurando que estos fondos favorecerán la generación de empleo en este grupo socioeconómico. Sin embargo, este optimismo se contrasta con una caída del 0,6% en los recursos dirigidos a los sectores vulnerables.
En un análisis más detallado, Poduje destacó que, mientras ciertos programas como el **Sistema Integrado de Subsidios** y los subsidios leasing vieron incrementos significativos, otros, como los préstamos para los sectores medios y emergentes, sufrieron una baja del 25,6%. Además, se identificaron caídas en áreas críticas como subsidios al arriendo y programas de asentamientos precarios, que según el ministro, se deben a la redistribución de los fondos hacia los servicios de vivienda regionales, lo que ha generado confusiones sobre la real disponibilidad de recursos a nivel central.
Expertos como Ignacio Aravena y Jeanette Bruna han analizado este presupuesto con miradas críticas y constructivas, sugiriendo que aunque el enfoque está más centrado en los sectores medios, persiste una restricción financiera de la administración anterior. Bruna, por su parte, considera que este presupuesto es un punto de inflexión, ya que introduce medidas claras para desincentivar la usurpación de terrenos y establece un marco más riguroso para la gestión de asentamientos irregulares. Estos cambios legales y administrativos marcan un avance significativo hacia una gestión más activa y responsable por parte del Estado en el ámbito de la vivienda.
