El Senado de Chile decidió rechazar este martes la acusación constitucional presentada contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda, en una votación que mostró un claro distanciamiento entre la iniciativa legislativa y el respaldo senatorial. Esta decisión se tomó después de que la Sala evaluara los cuatro capítulos que conformaban el libelo, siendo ninguno de estos capaz de alcanzar los 26 votos requeridos para su aprobación. En un resultado contundente, los capítulos 1 y 3 solo obtuvieron, en el mejor de los casos, 16 votos, lo que evidenció la falta de consenso suficiente para avanzar con la acusación.
Durante la sesión del Senado, se destacó que varios senadores se inhabilitaron de participar en la votación. Entre ellos se encontraban Claudia Pascual, quien se retiró argumentando una relación familiar con Grau, y Vlado Mirosevic junto a Luciano Cruz-Coke, quienes también decidieron abstenerse ante la previsibilidad de sus votos. Esta inhabilitación de miembros de la Cámara contribuyó a que la acusación no lograra los apoyos necesarios y que el debate se centrara más en consideraciones personales que en el fondo de la acusación misma.
La acusación constitucional se basaba en supuestas infracciones al marco constitucional y al Decreto de Ley 1.263, que regula la administración financiera del Estado. Los denunciantes mencionaron inconsistencias significativas en el Informe de Finanzas Públicas correspondiente al último trimestre de 2025, señalando una discrepancia inexplicada de 10.500 millones de dólares entre las proyecciones de deuda y el balance fiscal. Estos elementos fueron considerados insuficientes por la mayoría de los senadores, quienes argumentaron que las diferencias en proyecciones económicas son parte del debate político regular y no deben ser motivo de sanciones a nivel constitucional.
Las posturas en el Senado estuvieron altamente divididas. Por un lado, el senador Pedro Araya enfatizó que las discrepancias técnicas presentadas en la acusación son parte de una discusión legítima sobre la gestión económica, pero no justifican una acusación constitucional. En contraposición, el senador Carlos Kuschel defendió su voto a favor, argumentando que Grau había incumplido sus obligaciones de dirección y control financiero. Estas diferencias de opinión evidenciaron las complejas dinámicas políticas en juego y la responsabilidad de los legisladores ante la evaluación de lo que constituye o no un incumplimiento legal serio.
Con el rechazo de la acusación, Nicolás Grau evitó enfrentar una posible inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, lo que habría tenido un impacto significativo en su carrera política y profesional. La decisión del Senado marca un momento crucial en la política chilena, subrayando la necesidad de una clara definición sobre la utilización de la acusación constitucional como herramienta de control político y las implicancias de la responsabilidad fiscal en un contexto de crisis y debate económico. Este desenlace también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, elementos cada vez más relevantes en la gestión del gobierno.
