La agricultura chilena y los productores de fruta sufren la crisis hídrica

Chile afronta un “estado de shock en la agricultura y la fruticultura” por la gravedad de la crisis hídrica y la sequía sostenida, a la que se suma el julio más seco de la historia del país, señaló el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Jorge Valenzuela.

“La producción de fruta da trabajo a 700.000 personas, pero si la situación continúa hay algunas zonas que dejarán de producir, por la disponibilidad de agua o porque disminuirán la producción. Esto significa que los fruticultores tendrán que decidir qué plantar a partir de ahora”.

Los miembros de la Federación han estado hablando con las asociaciones locales sobre la situación, que en algunos lugares, debido a la falta de un suministro básico de agua, pone en peligro la continuidad de muchas explotaciones frutícolas. Pero la falta de agua no es el único reto, las temperaturas inestables y los eventos “fuera de programa” como el chaparrón del pasado verano que echó a perder la mayoría de las cosechas de uva de mesa y fruta de hueso.

“Siguiendo con el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC, y lo que estamos viviendo aquí en Chile, el cambio climático en trae muchas incertidumbres sobre el futuro y las consecuencias se están sintiendo en todo el mundo”, dijo Valenzuela. La situación no sólo afecta a los pequeños y medianos agricultores, sino también a las miles de familias que viven de la venta de alimentos y que viven en sus parcelas”.

Ante esta situación los productores de fruta de Chile demandan una política pública que vaya más allá de los gobiernos y que fortalezca un sector de la economía que garantice la seguridad alimentaria de la población; un conjunto de plantas desalinizadoras, financiadas por el gobierno, que aseguren el consumo humano, la producción de alimentos y otras actividades agropecuarias, así como las modificaciones necesarias en las redes de agua para reciclar su uso.

En el futuro inmediato, los productores de fruta exigen la creación de balsas de agua colectivas para las pequeñas y medianas explotaciones, así como la reprogramación de las deudas con los bancos y los servicios gubernamentales.