La reciente actuación de la dupla Manouchehri-Cicardini ha llevado la política a un nuevo nivel de espectáculo, donde las presentaciones ante la Contraloría han sido convertidas en eventos mediáticos. En diversas ocasiones, hemos visto cómo se ha cuestionado la conducta de la Primera Dama al servir comida sin guantes, un hecho que, tras la investigación de cuatro organismos públicos, resultó ser infundado. De igual manera, el almuerzo en La Moneda ha sido motivo de polémica, reflejando cómo los actos de gobierno son sometidos a un constante escrutinio en busca de generar repercusiones.
La tensión política ha escalado aún más con la exigencia de renuncia al ministro de Hacienda, justo en el momento en que el nuevo gobierno tomaba forma. Este tipo de demandas públicas y a viva voz no solo socavan la estabilidad del gabinete, sino que también evidencian un uso extremadamente selectivo y agresivo del lenguaje político. La acusación de «colusión» por parte de Manouchehri contra la presidenta de su propio partido, por simplemente sentarse a dialogar, ilustra una desviación preocupante de los verdaderos objetivos de la política, que es la apertura al diálogo y la búsqueda de soluciones.
El término «colusión» no es solo un simple insulto; es un término legal que implica serias consecuencias y que al ser utilizado en un contexto de negociación política, pierde su significado y gravedad. Quien afirma que el diálogo se confunde con colusión está promoviendo una cultura de confrontación y sospecha, donde la colaboración y el entendimiento son demonizados. Tal lenguaje puede afectar de manera directa la capacidad del Parlamento para funcionar efectivamente, ya que parece sugerir que cualquier forma de compromiso o negociación es en sí misma reprobable.
El propósito del Parlamento, como su nombre indica, es «parlamentar», lo que implica que los legisladores deben deliberar y negociar para alcanzar acuerdos beneficiosos para la ciudadanía. Sin embargo, las palabras de algunos representantes sugieren que lo ideal no es la adaptación y el entendimiento mutuo, sino una imposición de estilos que pueden distorsionar la esencia misma del diálogo democrático. Un Congreso que se convierte en un escenario teatral, donde la prioridad es el espectáculo, renuncia a su función esencial de ser el medio a través del cual se gestan las leyes y políticas que rigen el país.
La figura del parlamentario se transforma entonces en un rol casi contrario al esperado, donde lo que realmente importa es el rendimiento mediático. Francisco Alcaíno Madrid, como abogado y observador de la política, subraya que un parlamentario que se distancia del propósito de dialogar y de buscar consenso en una democracia representa un peligro para el sistema mismo. Es fundamental que los actores políticos recuerden que su deber es engranar un proceso de legislación responsable enfocado en el bienestar de la ciudadanía y no simplemente en la búsqueda de protagonismo.
