La última encuesta de Cadem revela un fuerte rechazo de la ciudadanía hacia la posibilidad de que personas condenadas por violaciones a los derechos humanos cumplan sus penas en arresto domiciliario. Un 77% de los encuestados se opone rotundamente a esta opción, incluso si se presentan condiciones como la edad avanzada o problemas de salud. Este descontento refleja una creciente preocupación por la justicia y el respeto a los derechos de las víctimas, en un contexto donde el debate legislativo sobre el cumplimiento de penas alternativas está más presente que nunca.
Este descontento se exacerba ante el contexto político actual, donde el Senado ha dado un paso hacia la aprobación de un proyecto de ley que permitiría que condenados mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 con graves problemas de salud puedan cumplir sus penas en sus domicilios. Con un 83% de los consultados al tanto de estos avances legislativos, es evidente que la población está activa y preocupada por la dirección que toman las leyes en relación con delitos tan graves como los de derechos humanos.
Los resultados del sondeo de Cadem subrayan que la oposición de la ciudadanía se intensifica específicamente contra el cumplimiento de penas para delitos graves. Un abrumador 92% de los encuestados se manifestó en contra de que aquellos condenados por violación o asesinato tengan acceso a beneficios como el arresto domiciliario. Este dato pone de manifiesto una clara resistencia a aceptar cualquier forma de clemencia hacia quienes han cometido estos crímenes, evidenciando el deseo de una sociedad que demanda justicia.
Además, el rechazo generalizado también se extiende a la aplicación de estos beneficios solo por criterios de edad. Un 76% de los encuestados se opone a la posibilidad de que el fin de cumplimiento de la pena dependa simplemente de que el condenado sea una persona mayor. Estos resultados indican que hay una percepción entre la población de que la gravedad de los delitos cometidos no debe ser menospreciada por razones de edad o condición de salud, estableciendo así un debate ético sobre la justicia y el concepto de rehabilitación.
El proyecto de ley, impulsado por el senador Francisco Chahuán y aprobado en general con una estrecha votación de 23 a favor y 22 en contra, abre ahora un espacio para el debate en el Congreso que culminará el 16 de marzo con la posibilidad de recibir modificaciones. Se estima que alrededor de 370 condenados por crímenes de derechos humanos, así como otros 365 por delitos graves, podrían verse beneficiados. Sin embargo, el fuerte rechazo que muestran los ciudadanos podría influir en la forma que tome la legislación final, destacando la complejidad de balancear la compasión con la justicia en estos casos.
