El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha declarado que no se requiere una investigación específica contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, aunque su nombre ha surgido en la arista «Muñeca Bielorrusa». Este caso involucra la revelación de que Simpertigue compartió un viaje en crucero con Eduardo Lagos, un abogado que actualmente se encuentra en prisión preventiva debido a su vinculación con el mismo caso. Valencia, al ser consultado sobre el asunto, enfatizó que el enfoque de la investigación está en los hechos y no en las personas, subrayando la importancia de investigar las circunstancias y no los individuos involucrados directamente en la toma de decisiones judiciales.
El fiscal nacional explicó en su conversación con radio Cooperativa que «la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, está indagando las circunstancias en las cuales se dictaron diversas resoluciones, para determinar si existieron o no actuaciones ilícitas que hayan favorecido al consorcio bielorruso Belaz Movitec en su disputa judicial con Codelco». Este vínculo de favores judiciales, y la supuesta recepción de dineros a cambio, plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial chileno y la necesidad de asegurar que se actúe conforme a la ley.
El comentario de Valencia sugiere que, por el momento, el ministro Simpertigue no debe ser objeto de atención particular. El foco de la investigación está claramente delineado hacia la revisión de las circunstancias bajo las cuales se produjeron ciertas decisiones, y cualquier información adicional que surja a través de los medios de comunicación será remitida a la fiscal encargada. Sin embargo, la discusión sobre la transparencia y la ética en el sistema judicial chileno sigue siendo una cuestión candente en la opinión pública.
Por otro lado, Valencia también expresó su postura favorable hacia el levantamiento del secreto bancario, afirmando que esta medida podría facilitar la persecución del dinero en casos de corrupción y crimen organizado. «Permitir que se levante el secreto bancario de cualquier ciudadano, a solicitud del Ministerio Público, sin necesidad de control judicial, podría hacer nuestro trabajo mucho más eficiente», subrayó Valencia, enfatizando la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades del crimen.
No obstante, el fiscal hizo hincapié en la necesidad de un debate enriquecido sobre si la sociedad chilena está dispuesta a aceptar medidas que podrían comprometer la privacidad financiera de los ciudadanos. «Los involucrados en delitos podrían recurrir a alternativas para eludir la vigilancia, como el uso de criptomonedas o incrementar el uso de efectivo», advirtió Valencia, sugiriendo que cualquier cambio en la legislación debe ser cuidadosamente considerado para equilibrar la eficacia en la persecución de delitos y la protección de derechos individuales.
