El reciente debate en torno a la reducción y exención del pago de contribuciones ha tomado fuerza en Chile, especialmente tras la declaración de las autoridades respecto a un alivio fiscal temporal a los sectores de mayores ingresos. Sin embargo, este cambio pone de manifiesto un tema crucial: el costo oculto que conllevan estas medidas sobre la equidad territorial y el financiamiento municipal. Los efectos no son solamente inmediatos en el bolsillo de los contribuyentes, sino que tienen un impacto a largo plazo en la estructura de los municipios, que se ven obligados a ajustar sus presupuestos ante una caída de ingresos en un sistema que, hasta ahora, intentaba ser progresivo.
Un análisis detallado revela que únicamente el 25% de los inmuebles en el país contribuyen al impuesto, lo que demuestra que el sistema ya está diseñado para beneficiar a los sectores menos favorecidos. Sin embargo, la reciente propuesta erosiona el Fondo Común Municipal de manera perjudicial, lo que podría significar una pérdida directa de US$200 millones, compensada apenas por US$130 millones del Estado. Este desbalance en la recaudación no solo plantea un reto financiero, sino que desestabiliza los recursos que sustentarían los servicios públicos esenciales. La Asociación Chilena de Municipalidades ha expresado su preocupación ante esta situación, destacando que sería un golpe fatal para las áreas más vulnerables.
Los habitantes de comunas con un menor avalúo predial podrían enfrentar una reducción significativa en la calidad de vida debido a esta reestructuración de recursos. La falta de financiamiento adecuado afectará directamente la capacidad de los municipios para mantener servicios básicos como la recolección de basura, el cuidado de espacios públicos y la seguridad ciudadana. Asimismo, los programas sociales y de asistencia comunitaria, que son vitales para el bienestar de los más necesitados, entran en riesgo, situación que podría agravar aún más la desigualdad social que se busca mitigar con estas políticas fiscales.
La cuestión esencial que debemos abordar es cómo es posible corregir estas desigualdades territoriales inherentes al modelo actual, que beneficia significativamente a los territorios con alto valor fiscal mientras desatiende a las comunas más desfavorecidas. Para ello, es fundamental establecer un nuevo marco para el Fondo Común Municipal, basado en principios de justicia redistributiva. Este mecanismo debe garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes realmente lo necesitan, promoviendo así un desarrollo más equitativo entre las diversas comunas del país.
Finalmente, es vital que la política fiscal en Chile no se convierta en un factor de fragmentación territorial, sino más bien en un instrumento de cohesión social y equidad. La discusión sobre las contribuciones se convierte en una oportunidad para repensar el modelo de financiamiento municipal y establecer políticas que aseguren un futuro más equilibrado. Solo de esta manera podremos avanzar hacia un país donde la justicia social se convierta en la base del desarrollo urbano, y donde cada ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica, tenga acceso a un nivel adecuado de servicios y calidad de vida.
