El emblemático proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la Región de Coquimbo y con un impacto potencial en el Archipiélago de Humboldt, vuelve al centro del debate tras un nuevo fallo judicial que anula su rechazo previo. Este caso, que lleva una década en trámites, refleja las profundas tensiones entre desarrollo económico y conservación ambiental en Chile.
Una región dividida entre promesas económicas y riesgos ambientales
El proyecto Dominga, ligado a la familia Délano, propone una inversión de más de 2.500 millones de dólares, prometiendo revitalizar una economía local golpeada mediante la generación de empleos y la viabilidad de un corredor oceánico en la región. Sin embargo, su instalación cerca del Archipiélago de Humboldt, una de las zonas de mayor biodiversidad en Chile, genera rechazo por los impactos ambientales que podría causar, especialmente en especies protegidas y en el equilibrio ecosistémico global.
Organizaciones como la Alianza de Humboldt y Océana advierten sobre los daños irreparables que el tránsito de buques y las actividades mineras podrían ocasionar en un área comparada con las Islas Galápagos en términos de relevancia ecológica.
El fallo del Primer Tribunal Ambiental: Un nuevo giro en el caso
El reciente fallo del Primer Tribunal Ambiental anuló por segunda vez la decisión del Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que había rechazado el proyecto en 2023. Esta resolución no implica la aprobación directa de Dominga, sino que obliga al Comité a pronunciarse nuevamente, estableciendo un plazo de 15 días para emitir un veredicto.
Críticos del fallo, como Ezio Costa, abogado de Océana, argumentan que el tribunal excedió sus competencias al cuestionar la idoneidad de las autoridades que rechazaron el proyecto y al establecer lineamientos técnicos para su evaluación. Por otro lado, Andes Iron, la empresa detrás de Dominga, celebra la sentencia como un avance en el proceso judicial.
Un conflicto sin resolución y la sombra de la Corte Suprema
El fallo probablemente será apelado mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema, perpetuando el ciclo judicial que ha caracterizado este caso durante tres administraciones gubernamentales. La Suprema, que en el pasado se ha limitado a emitir fallos desde una perspectiva jurídica sin abordar el fondo ambiental del asunto, vuelve a ser clave en un conflicto que trasciende lo legal para instalarse en lo político.
La incertidumbre aumenta ante la ausencia del ministro Sergio Muñoz, reconocido por su sensibilidad ambiental, en la sala que decidirá el futuro del proyecto. Esto añade más complejidad a un caso que ya se percibe como una muestra de las debilidades de la institucionalidad ambiental chilena.
¿Un punto de inflexión para el gobierno?
El breve plazo de 15 días para un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros coloca al gobierno en una posición delicada. Liesbeth van der Meer, directora de Océana, señala que este apremio podría ser una estrategia para presionar la aprobación del proyecto, sacrificando una zona única en el mundo por un beneficio económico a corto plazo.
Sin un consenso claro, el caso Dominga simboliza la lucha entre intereses económicos y la necesidad urgente de proteger el medio ambiente. Más allá del desenlace inmediato, su resolución podría marcar un precedente para futuros proyectos en Chile, donde la sostenibilidad y el desarrollo deben encontrar un equilibrio real y duradero.
