La Corte de Apelaciones de Talca ha decidido revocar la medida cautelar que permitía el arresto domiciliario nocturno al desaforado diputado Francisco Pulgar, manteniéndolo en prisión preventiva. Esta decisión responde a una apelación presentada por la Fiscalía del Maule, que argumentó que la libertad del parlamentario podría representar un peligro para la sociedad, especialmente para la víctima del caso. La resolución del tribunal se produce en un contexto de gran atención mediática y pública, dada la gravedad de las acusaciones en su contra.
Francisco Pulgar enfrenta serias acusaciones de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años. Estas denuncias, que han causado un fuerte impacto en la opinión pública, llevaron a su desafuero por parte de la Corte Suprema en diciembre de 2024. La investigación en su contra ha generado un amplio debate sobre el rol de los parlamentarios y la responsabilidad que deben asumir en casos de violencia sexual, puesto que los hechos descritos son particularmente atroces y afectan a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desde el 19 de febrero, el desaforado diputado se encontraba recluido en la cárcel de Cauquenes, cumpliendo con la medida de prisión preventiva. Sin embargo, recientemente, el Tribunal de Garantía había decidido modificar esta medida, lo que llevó a la Fiscalía a actuar rápidamente en busca de revertir la decisión. Este movimiento judicial refleja la presión y la urgencia que siente el sistema de justicia ante casos de abuso sexual, que son especialmente sensitivos y que requieren un manejo cuidadoso para asegurar la protección de la víctima.
El fiscal José Luis González, quien ha estado a cargo del caso, ha expresado su satisfacción con la decisión de la Corte de Apelaciones. González considera que mantener a Pulgar en prisión preventiva es lo más adecuado, dada la gravedad de los hechos y el riesgo que representa su liberación. Su declaración pone de relieve la importancia de la prisión preventiva como una herramienta para proteger a las víctimas y garantizar un adecuado proceso judicial.
Con la decisión de la Corte de Apelaciones de Talca, se reafirma la responsabilidad del sistema judicial frente a crímenes de esta índole. La resolución busca no solo garantizar la justicia para la víctima, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a la violencia sexual en la sociedad. A medida que el caso avanza, seguirá siendo objeto de escrutinio público, y se espera que se tomen todas las medidas necesarias para asegurar un juicio justo y riguroso.
