Dos años después de la implementación de la Ley Karin (N° 21.643), que tiene como objetivo combatir el acoso laboral en Chile, se ha observado una notable estabilización en la tasa de denuncias. Según un análisis de datos de más de 1.340 empresas y 200.000 trabajadores, la media de denuncias se ha mantenido en aproximadamente un caso por cada 1.000 empleados al mes. Este periodo de estabilidad sigue un pico que alcanzó las 2,5 denuncias por cada mil trabajadores en agosto de 2024, justo tras la puesta en marcha de la legislación. Durante el primer semestre de 2026, las tasas variaron entre 0,93 y 1,09, lo que indica un cierto nivel de normalización en los reportes.
Al desglosar las cifras por tamaño de las empresas, se encontró que las micro y pequeñas empresas son las que presentan la mayor tasa de denuncias, con un promedio mensual de 1,9 por cada 1.000 colaboradores. Las medianas empresas siguen de cerca con 1,7 casos, mientras que las grandes tienen la menor tasa con 1,3. Lesley Warren, Head of Research de Buk, destacó que, aunque el sistema ha superado la fase de ajuste inicial y se ha vuelto más estable, las pymes enfrentarán grandes desafíos para adoptar Protocolos de denuncia eficaces. En este sentido, enfatizó la necesidad de mejorar las herramientas y el acompañamiento que se les ofrece a estas empresas más pequeñas.
Entre abril de 2024 y junio de 2026, se registraron 4.269 denuncias a través del canal de Buk, de las cuales 2.025 fueron atribuibles a las causales que establece la Ley Karin. De esto, el acoso laboral representó un alarmante 70,4% de los casos, seguido de la violencia en el trabajo con un 21,2% y el acoso sexual con un 8,4%. Este desglose revela una tendencia preocupante hacia el acoso laboral y pone de manifiesto la importancia de la legislación para abordar estos temas en el ambiente laboral, lo que subraya la necesidad de un seguimiento constante de las denuncias.
La recopilación de datos incluyó también un sondeo realizado por Buk en julio de 2026, en el que el 76% de los trabajadores encuestados identificó la falta de conocimiento sobre la ley como un obstáculo significativo para su eficacia. Un 59% citó el miedo a represalias como una razón para no utilizar los canales de denuncia disponibles. De los encuestados, el 50% aseguró conocer su canal de denuncia empresarial y saber cómo utilizarlo, mientras que un 22% estaba al tanto de su existencia pero no del proceso, y un 28% desconocía completamente su disponibilidad. Estos hallazgos indican la necesidad de sensibilizar a los trabajadores sobre sus derechos y los métodos de denuncia.
Por sectores económicos, la minería reveló la mayor tasa de denuncias, con 4,26 por cada 1.000 trabajadores, seguida por el sector de servicios con 3,18. En contraste, la construcción y la agricultura mostraron las tasas más bajas, con 0,58 y 0,81, respectivamente. Estas disparidades pueden explicarse por el acceso desigual a los canales de reporte y la digitalización en diferentes industrias. Lesley Warren concluyó que el desafío actual radica en transformar la implementación formal de la ley en una práctica efectiva, enfatizando que la tecnología puede ser un recurso útil, pero no sustituye la necesidad de una gestión activa y una comunicación clara que empodere a los trabajadores.
