Luis Maldonado, uno de los abogados más influyentes de Chile y conservador de Santiago, se encuentra en el centro de un debate jurídico que podría cambiar la percepción sobre la jubilación obligatoria en el sector judicial. La nueva norma implementada tras la reforma notarial establece que todos los auxiliares de justicia que superen los 75 años deben cesar sus funciones, pero Maldonado se niega a aceptar esta imposición. Defendiendo su posición, considera que la medida es discriminatoria y carece de fundamento, ya que ignora la capacidad y competencia de los profesionales en cuestión.
La controversia surge en un momento crítico para Maldonado, quien se siente amenazado por la posibilidad de perder su cargo después de años de servicio. En su intento por oponerse a esta normativa, el abogado ha recurrido a la Ley Zamudio, que protege a los ciudadanos contra la discriminación arbitraria. A través de un proceso judicial que se encuentra en el 28° Juzgado Civil de Santiago, Maldonado busca que se declare inaplicable esta norma, argumentando que su implementación retroactiva afecta injustamente a aquellos que ingresaron al servicio público antes de la reforma de 1995.
Maldonado no es el único en esta lucha; Rosemarie Mery, notaria de Melipilla, ha tomado un camino similar al presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Mery es representada por el exministro del TC, Gonzalo García, quien sostiene que la norma es una injusticia que no considera el desempeño ni la salud de los profesionales. Este tipo de acciones plantea un dilema sobre el límite de la edad en el ámbito judicial, y abre la puerta a cuestionamientos sobre el trato a los trabajadores mayores en otros sectores.
La situación se complica para Maldonado debido a que la Ley Zamudio tiene una cláusula que limita la posibilidad de impugnar leyes vigentes, lo que complicaría su defensa. Sin embargo, la juez Claudia Veloso decidió someter el caso al TC para determinar si la norma, que se basa exclusivamente en la edad, contradice derechos establecidos en la Constitución y en diversas normativas de protección a personas mayores. Los argumentos presentados hacen hincapié en la necesidad de equilibrar los criterios de jubilación con el respeto a la dignidad y capacidad de los profesionales.
A medida que el caso avanza hacia el Tribunal Constitucional, la resolución que deberá emitirse podría sentar un precedente significativo para la legislación sobre el trabajo en Chile, especialmente para aquellos profesionales que, a pesar de su edad, continúan demostrando su valía en sus respectivas funciones. La resolución no solo afecta a Maldonado y Mery, sino que podría repercutir en la forma en que se aborda la jubilación en el sector judicial y otros ámbitos laborales, marcando una posible revolución en la percepción y tratamiento de la edad en el mundo profesional.
