La megarreforma propuesta por el gobierno del Presidente Kast ha generado preocupación entre economistas y parlamentarios, especialmente en lo que respecta a su costo fiscal que alcanzará un pico del 0,71% del PIB al cuarto año de implementación, es decir, en 2029. Según el informe financiero presentado por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este costo será de aproximadamente 3.215 millones de dólares, lo que ha llevado a cuestionar si las expectativas de crecimiento económico que se prevén serán suficientes para compensar esta carga. A medida que avanza la discusión sobre el proyecto de ley en el Congreso, hay un debate creciente sobre la viabilidad de las proyecciones del gobierno respecto a los ingresos fiscales futuros y los ajustes necesarios para equilibrar las cuentas.
El Ministro Quiroz ha sostenido con optimismo que los déficits iniciales serán compensados en gran medida por los esfuerzos fiscales y por el crecimiento esperado, estimando que para el final de su administración, el 57% del costo fiscal se verá equilibrado por un aumento en la recaudación. Sin embargo, a medida que se desarrollan las conversaciones en la Comisión de Hacienda, algunos expertos han expresado escepticismo, indicando que el informe no considera plenamente los recortes de gasto anunciados que podrían impactar negativamente el funcionamiento del sistema fiscal en los primeros años.
Al analizar la estructura del proyecto, las principales medidas tributarias que se plantean incluyen la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, con un impacto fiscal que se incrementará en los próximos años. Además, se considera el efecto del crédito tributario por empleo, que también afectará la recaudación en un rango significativo. Sin embargo, se estima que cada punto porcentual de disminución en la tasa del impuesto corporativo genera una pérdida directa en los ingresos del Estado, lo que ha suscitado dudas sobre la sostenibilidad de estos cambios y si realmente contribuirán a un impulso en el crecimiento que compense la pérdida de ingresos, tal como espera el gobierno.
A largo plazo, el informe financiero sugiere que las ganancias del crecimiento podrían compensar prácticamente el costo total de la iniciativa en el año 6, dejando un saldo negativo de solo -0,08% del PIB. Sin embargo, muchos economistas, como Cristina Torres y Hernán Frigolett, han destacado que alcanzar el nivel de crecimiento necesario para sostener este equilibrio será un desafío formidable, dado que se requeriría que el crecimiento aumente de manera considerable. Este escenario plantea un posible riesgo de un desbalance estructural si las expectativas de crecimiento no se materializan, algo que ha generado fricciones en la valoración del proyecto entre expertos y legisladores.
Finalmente, es evidente que la megarreforma enfrenta tiempos difíciles, con expertos advirtiendo que el efecto inmediato del proyecto es contractivo sobre las finanzas públicas. La percepción negativa del impacto que tendrá en los déficits fiscales en el corto y mediano plazo alimenta un panorama incierto. Mientras el gobierno mantiene su optimismo en que el crecimiento compensará los gastos futuros, las proyecciones divergen; algunas indican que, sin un crecimiento robusto, la reforma podría agravar la situación financiera del país, llevando potencialmente a un incremento del déficit fiscal que se pronostica claro hasta al menos 2030.
