Con 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la incorporación de un nuevo tipo penal que sancionará las ofensas contra autoridades policiales. La propuesta tiene su origen en una moción presentada por la diputada Ximena Ossandón del partido Renovación Nacional (RN) y ha sido respaldada por otros legisladores como Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper. Esta iniciativa, que ahora pasa al Senado para su segundo trámite constitucional, busca fortalecer la protección de la autoridad policial en el ejercicio de sus funciones.
El nuevo marco legal contempla un aumento en las penas privativas de libertad para aquellos que atenten directamente contra la autoridad policial, diferenciando así el trato hacia estos delitos. En la actual regulación, el Código Penal establece sanciones que van de 541 días a 3 años de presidio menor, y multas que oscilan entre $788.931 y $1.075.815. Con la nueva legislación, se especifica que las penas serán más severas si el atentado se comete de manera colectiva.
Además, el proyecto incluye una serie de faltas que serán penadas, como insultar u ofender gravemente a carabineros o funcionarios de la Policía de Investigaciones durante el ejercicio de sus funciones. Esta nueva disposición prevé sanciones que incluyen penas de prisión de hasta 60 días y multas de hasta $286.884, reflejando una clara intención de salvaguardar la dignidad de la función policial y el respeto que debe existir hacia ella.
Los aplausos desde el oficialismo, el partido Liberal y la Democracia Cristiana apuntan a la relevancia de la medida, mientras que el rechazo provino mayormente del Frente Amplio y el Partido Comunista. Durante la sesión, se desestimaron propuestas de enmienda del diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, quien cuestionó la constitucionalidad de la norma, argumentando que podría invadir derechos fundamentales como la libertad de expresión.
El diputado Luis Cuello, representante del Partido Comunista, también hizo eco de las preocupaciones sobre la nueva normativa, sosteniendo que no solo infringe principios básicos de libertad de expresión, sino que también contraviene lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a eliminar normas sobre desacato. La aprobación de este proyecto, por tanto, sigue generando un intenso debate sobre el equilibrio entre la protección de las fuerzas del orden y los derechos ciudadanos.
