La última encuesta Plaza Pública realizada en la segunda semana de julio ha revelado un notable descontento entre la población en relación al **Plan de Reconstrucción Nacional** que promueve el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según los resultados de Cadem, un 50% de los encuestados se mostró en desacuerdo con esta propuesta, lo que representa un ligero aumento con respecto a la medición anterior del 18 de junio. Solo un 44% de los consultados se declaró a favor del plan. Este panorama evidencia los desafíos que enfrenta el gobierno para lograr hacer aceptables las reformas planteadas, en un contexto donde la necesidad de reconstrucción post-desastres es urgente pero genera divisiones en la opinión pública.
Pese a la evaluación mayoritariamente negativa, el estudio también sugiere que existe una tensión entre el rechazo general al Plan de Reconstrucción Nacional y la disposición de algunos a apoyarlo a nivel legislativo. Un 47% de los encuestados cree que el Congreso debería aprobar la iniciativa, mientras que un 42% considera que debería ser rechazada. Este dato refleja una compleja dinámica política, donde los ciudadanos, aunque reticentes con la propuesta en su totalidad, pueden ver valor en ciertos aspectos del plan y su potencial para mejorar las condiciones en las regiones más afectadas por calamidades naturales.
En cuanto a las medidas específicas que integran el proyecto, hay un claro respaldo por parte de la ciudadanía hacia ciertas propuestas. La iniciativa para destinar más recursos a la reconstrucción de zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío cuenta con un notable apoyo del 81%. Asimismo, las propuestas de eliminar el IVA en la compra de viviendas nuevas y reducir las contribuciones en la primera vivienda para mayores de 65 años obtienen un 71% y un 63% de respaldo, respectivamente. A pesar de este apoyo, la reforma presenta una resistencia significativa en otros aspectos, como el régimen de invariabilidad tributaria y la reducción del impuesto de primera categoría, donde la desaprobación es contundente.
El análisis de la aprobación presidencial también ha mostrado resultados mixtos. La gestión de José Antonio Kast mantiene una aprobación estable en un 38%, mientras que un 58% la desaprueba. Las áreas de relaciones internacionales, defensa e inmigración son las mejor evaluadas, pero, alarmantemente, ningún sector de gestión supera el umbral del 50% de aprobación. Esta falta de confianza se acentúa en materias críticas como la justicia y la economía, donde las tasas de desaprobación son superiores al 60%. El descenso más preocupante se observa en el manejo de la delincuencia y el narcotráfico, área que ha visto una pérdida de confianza significativa entre la población, con solo un 36% de aprobación.
El pesimismo respecto al futuro del país es palpable, con un 57% de la población considerando que Chile va por un mal camino y un 54% que se siente pesimista sobre el futuro a corto plazo. Las percepciones económicas son igualmente desalentadoras, con un 80% de los encuestados creyendo que la economía está estancada o retrocediendo. La situación económica personal también ha alcanzado niveles críticos, con un 56% que la evalúa negativamente, marcando uno de los peores registros de la última década. Ante este panorama gris, las proyecciones negativas sobre el futuro del consumo y del empleo son las más elevadas en años, lo que sugiere un clima general de incertidumbre que podría impactar en el desarrollo de futuros planes y reformas en el país.
