La reciente propuesta del senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, de convocar un plebiscito para reformar la Constitución en materia de seguridad pública ha generado un nuevo desafío para el oficialismo y para el gobierno de José Antonio Kast. A pesar de la intención de consultar a la ciudadanía sobre cambios en la seguridad, expertos en Derecho Constitucional advierten que la idea carece de fundamento legal. Según la Carta Fundamental, el plebiscito se activa sólo cuando el Congreso aprueba un texto que luego es vetado o resistido por el Presidente, no al revés, lo que pone en jaque la viabilidad de la propuesta de Squella y su sentido democrático.
El senador Squella defendió su propuesta en una entrevista, argumentando que la reforma busca ajustar las normas a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, la respuesta de La Moneda fue rápida y contundente. Ministros del gobierno, incluido Claudio Alvarado, biministro del Interior y Seguridad Pública, desmintieron que el Ejecutivo estuviese considerando un plebiscito. Alvarado enfatizó que la reforma constitucional es necesaria para mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia y que el camino hacia el plebiscito no se contempla dentro del marco legal actual.
La controversia alrededor de la propuesta de Squella también ha revelado divisiones dentro del Partido Republicano. Algunos parlamentarios insinuaron que la idea del plebiscito había sido discutida en círculos privados, lo que sugiere que podría haber otros actores dentro del partido que apoyen una consulta, pero que prefieren mantener un perfil bajo. Por otro lado, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en un comentario que se interpretó como retórico, mencionó la posibilidad de preguntar a la ciudadanía sobre el apoyo a medidas más enérgicas contra la delincuencia, aunque luego descartó la idea de un plebiscito.
El contexto de esta discusión no es menor, ya que en medio de un clima de creciente preocupación por la seguridad pública, el apoyo a una mayor presencia de las fuerzas de orden fluctúa en las encuestas. Esto ha llevado a algunos dentro del oficialismo a explorar mecanismos que les permitan capitalizar ese respaldo popular. Sin embargo, la falta de un marco legal claro para un plebiscito sobre esta cuestión podría complicar los esfuerzos del gobierno por implementar reformas efectivas que aborden la crisis de seguridad.
Finalmente, los ministros de la administración Kast han tratado de marcar un claro distanciamiento de la propuesta de plebiscito, reafirmando que el camino adecuado es a través de la introducción de reformas legislativas bien fundamentadas y discutidas en el Congreso. José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, insistió en que no hay espacio legal para tal consulta en esta etapa, subrayando que la Constitución no contempla plebiscitos antes de que se haya discutido a fondo un proyecto de ley en el Congreso. Así, el oficialismo se encuentra entre la presión popular por mayor seguridad y la imperiosa necesidad de mantener la legalidad en sus acciones.
