La próxima Ley de Presupuestos que presentará el Gobierno se sitúa en un escenario complicado, con una deuda estatal aproximándose al límite prudente del 45% del Producto Interno Bruto (PIB) y una tasa de desempleo que ha alcanzado el 9,5%. A medida que se están elaborando las cifras para el presupuesto de 2027, expertos y economistas analizan el difícil balance que el Ministerio de Hacienda deberá mantener entre financiar programas que generen empleo y cumplir con las metas de déficit fiscal que exigen una reducción del déficit estructural. Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, ha señalado que ‘se puede hacer más con lo mismo’, un mensaje claro sobre la necesidad de ser eficientes en el gasto mientras se asume el reto de aumentar la inversión pública y mejorar las condiciones laborales.
La Ley de Presupuestos es fundamental para delinear las prioridades del Gobierno, afectando directamente áreas críticas como la educación y la salud. Históricamente, esta ley establece no solo los ingresos proyectados para el año siguiente, sino que también autoriza los gastos del Estado. Sin embargo, la capacidad del Gobierno para aumentar dicho gasto se encuentra condicionada por restricciones fiscales, que este año se manifiestan más que nunca debido a la presión generada por un elevado desempleo y una economía que aún no se recupera del todo. La reducción del déficit estructural del 2,6% al 1,8% es uno de los principales objetivos que deberá cumplirse, lo que implica un arduo trabajo de priorización de recursos.
Los analistas sostienen que el escenario fiscal es bastante limitado. Con un futuro incierto marcado por bajas proyecciones de crecimiento y una deuda que requiere vigilancia constante, los economistas coinciden en que el Gobierno debería mantener el crecimiento del gasto entre un 0 y un 1% como máximo. Esta estrategia, aunque prudente, podría no ser suficiente para abordar las urgencias del mercado laboral o para hacer frente a la creciente demanda de obras públicas. Valenzuela y otros expertos enfatizan la necesidad de alterar la manera en que se distribuyen los recursos para poder generar un mayor impacto en el empleo, sugiriendo que los recortes a programas de inversión deben ser minimizados.
A pesar de las dificultades, el precio del cobre plantea una oportunidad para aumentar los ingresos y, potencialmente, el gasto en el próximo presupuesto. Sin embargo, expertos como Jorge Rodríguez advierten que el uso de estos ingresos extraordinarios debe ser prudente y no debe comprometer el financiamiento de gastos permanentes. El desafío radica en que el Gobierno encuentre un equilibrio entre financiar obras públicas necesarias y combatir el desempleo, priorizando así el crecimiento económico sin caer en un círculo de recortes que afecte a las comunidades más vulnerables.
La urgencia de resolver la crisis laboral y la necesidad de fomentar la inversión es evidenciada por las altas tasas de desempleo que han ido en aumento. Nagel y otros economistas subrayan que aunque el Gobierno espera que la inversión privada mejore la situación, esta no tiene efectos inmediatos y las obras públicas son una forma rápida de generar empleos. Sin embargo, existe la preocupación latente de que un recorte en el gasto podría derivar en una mayor postergación de proyectos. Con la presión de cumplir con metas fiscales y asegurar una ejecución efectiva de las futuras inversiones, la próxima ley de presupuesto se convertirá en un momento crucial para el Gobierno no solo en términos económicos, sino también en cuanto a su compromiso social.
