En una jornada marcada por la preocupación por la seguridad pública, dos individuos han sido enviados a prisión preventiva tras ser acusados de realizar disparos contra el edificio consistorial de la Municipalidad de Coquimbo, ocurrido el pasado 30 de julio. La Fiscalía presentó evidencias contundentes, incluyendo la trayectoria de los disparos y grabaciones de cámaras de seguridad que respaldan la imputación de ambos sujetos, quienes fueron considerados un peligro para la sociedad. La decisión de prisión preventiva fue tomada en una audiencia donde se fijó un plazo de 90 días para llevar a cabo la investigación correspondiente.
Los detenidos, hombres de 30 y 32 años, fueron arrestados gracias a la colaboración de OS-9 y Labocar de Carabineros, quienes llevaron a cabo un operativo en la Parte Alta de Coquimbo. Ambos individuos cuentan con un amplio prontuario delictivo, destacándose el mayor de ellos, quien había sido condenado previamente por un homicidio y tiene antecedentes que incluyen delitos graves como robo con violencia y tráfico de drogas. Por su parte, el menor de edad en esta detención acumula cargos por robos y porte de arma.
De acuerdo con las imputaciones, los sujetos se trasladaron en un vehículo por la avenida Costanera antes de dirigir su ataque hacia las ruinas del Mercado del Mar. Al descender del automóvil, portando armas de fuego de calibre 9 milímetros, abrieron fuego en varias ocasiones, causando daños significativos al edificio consistorial, valorados en 500 mil pesos. Los disparos afectaron principalmente a los ventanales ubicados en los pisos 4 y 6, aunque uno de los proyectiles también impactó un área del octavo piso.
Claudio Correa, fiscal jefe de Coquimbo, destacó la relevancia de los análisis balísticos realizados para determinar la trayectoria de los disparos y la recopilación de imágenes de las cámaras del sector. Esto, junto con las declaraciones de testigos presenciales, ha sido fundamental para construir un caso sólido contra los imputados. La Fiscalía subrayó que se han tomado en cuenta las circunstancias que rodean este hecho delictivo, así como el riesgo de fuga de los detenidos.
La decisión judicial de mantener a ambos sujetos en prisión preventiva refleja el compromiso del sistema judicial chileno por garantizar la seguridad de la comunidad. Las autoridades han reafirmado que continuarán investigando este tipo de incidentes y que no escatimarán esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad pública. La fijación de un plazo de 90 días para la investigación también demuestra la seriedad con que se está atendiendo este caso, buscando esclarecer todos los detalles del ataque.
