La reciente reforma constitucional impulsada por el gobierno ha despertado preocupaciones en la sociedad chilena, especialmente por su propuesta de establecer un nuevo estado de excepción para hacer frente a las amenazas a la seguridad pública. En un contexto donde la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en una prioridad indiscutible, resurgen debates sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre la seguridad y los principios democráticos. La crítica se centra en que, aunque la seguridad es fundamental, no puede lograrse a expensas de los contrapesos que garantizan el ejercicio adecuado del poder.
Sin embargo, resulta curioso observar que muchos de los sectores que hoy denuncian tendencias autoritarias en esta nueva reforma son los mismos que apoyaron la propuesta de una nueva constitución en el plebiscito de septiembre de 2022. En esa ocasión, el texto que se presentó al país incluía elementos que debilitaban las instituciones y eliminaba contrapesos como el Senado, lo que generaba un riesgo de concentración del poder en manos del Ejecutivo. Este doble rasero invita a la reflexión: ¿en qué punto la concentración del poder dejó de ser problemática cuando estaba alineada con sus intereses políticos?
El abrumador rechazo al texto constitucional en la consulta popular del año pasado fue un claro mensaje de la ciudadanía sobre su deseo de preservar un marco institucional robusto y equilibrado. Frente a la presión por aumentar la seguridad, muchos chilenos se encuentran en una encrucijada moral y política. La pregunta que emerge con fuerza es por qué un instrumento que podría llevar a una concentración del poder es percibido con alarma ahora, mientras que en el contexto del plebiscito no lo fue. Esta incoherencia pone de manifiesto las complejidades del debate político chileno.
Fernando Rivas Nielsen ha hecho un llamado a la defensa constante de la democracia, independientemente de quién esté en el poder. Este principio fundamental sugiere que los valores democráticos no deben ser invocados únicamente para limitar a los adversarios, sino que deben ser defendidos y promovidos por todos, sin importar la bandera política que se ondee. La democracia no se trata solo de elecciones libres; es también sobre mantener las instituciones, los derechos ciudadanos y, sobre todo, la capacidad de la sociedad para fiscalizar al poder.
En este contexto, es esencial que la discusión sobre la reforma constitucional y las medidas de seguridad se lleve a cabo de manera abierta y transparente, con el objetivo de garantizar que las soluciones a los problemas de criminalidad no destruyan los fundamentos mismos de la democracia chilena. La historia reciente ha demostrado que la tentación de aprovechar situaciones excepcionales para consolidar el poder puede llevar a consecuencias indeseadas. La protección de los derechos y las libertades ciudadanas debe ser una prioridad constante, abogando por un equilibrio que salvaguarde tanto la seguridad como los principios democráticos.
