La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, alzó la voz en una reciente entrevista con Radio Agricultura, en la que criticó con firmeza la gestión del Gobierno en materia de seguridad. Jiménez afirmó que «el Gobierno no está dando el ancho» ante el alarmante aumento de la delincuencia en el país. Con preocupación manifiesta, destacó que la realidad delictual está imponiéndose, evidenciando una incapacidad estatal para frenar el ascenso de la criminalidad.
Durante la entrevista, Jiménez no solo expuso su malestar por la situación, sino que también estableció la responsabilidad que le corresponde al Estado en este ámbito. Señaló que «la Constitución establece que la responsabilidad del orden y la seguridad pública le compete al Estado», enfatizando que la tendencia al alza de la delincuencia debería ser atendida con mayor seriedad por parte del gobierno. La CPC ha estado activa en la búsqueda de soluciones, pero según ella, es fundamental que el Estado asuma su rol principal en la protección de los ciudadanos.
El panorama delictual ha generado una creciente preocupación en el sector privado, y Jiménez hizo hincapié en los esfuerzos que han surgido desde el mundo empresarial y los gremios para colaborar con el gobierno. Aún así, lamentó que esta colaboración no es suficiente frente a la magnitud del problema, pues «hay mucho trabajo que se ha hecho desde el mundo privado»; sin embargo, insistió en que al final, la responsabilidad de la prevención, la persecución y la sanción de los delitos recae en el Estado.
El último informe de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) confirma las preocupaciones expresadas por Jiménez, apuntando que las situaciones de violencia han aumentado notablemente en el comercio. Esto no solo afecta a los comerciantes, sino también a la confianza de los consumidores y a la inversión en el sector. Cada vez más empresas están invirtiendo en medidas de seguridad para protegerse de la delincuencia, pero este gasto podría desincentivar nuevas inversiones y afectar la economía del país.
Finalmente, Susana Jiménez concluyó su intervención reiterando la necesidad de una respuesta contundente y efectiva por parte del Gobierno. «Es una situación grave que no se puede continuar ignorando», aseguró, y llamó a los responsables a actuar con urgencia y establecer un plan claro para revertir la preocupante tendencia de la delincuencia. La presidenta de la CPC dejó en claro que el sector privado está dispuesto a colaborar, pero que la solución definitiva dependerá del compromiso del Estado en garantizar la seguridad pública.
