El terremoto que sacudió el occidente de Colombia ha dejado un rastro devastador que afecta a más de 1.2 millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este fenómeno natural ha dejado a su paso un escenario de emergencia humanitaria sin precedentes, lo que ha llevado a la ONU a solicitar urgentemente un financiamiento de 135 millones de dólares para ayudar a las comunidades más afectadas. En los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas, las necesidades son múltiples: desde la provisión de alimentos y agua hasta la atención médica y la oferta de refugios seguros. La situación es crítica y las autoridades sanitarias activan sus protocolos ante el riesgo de enfermedades debido a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene,
Los equipos humanitarios están haciendo esfuerzos significativos para brindar asistencia, pero el acceso a muchas comunidades sigue siendo limitado. Más de 400 carreteras han sido dañadas, lo que complica la llegada de ayuda a zonas rurales y remotas que ya enfrentaban problemas logísticos antes del seísmo. Esta dificultad para acceder a áreas golpeadas por el desastre ha dejado muchas familias sin asistencia básica, lo que enfatiza el carácter urgente de la situación. «Prácticamente todo sigue siendo urgente», afirmó Jean-Philippe Antolin, especialista en respuesta humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). ¿Cuánto tiempo podrá la población esperar por ayuda de manera continua y sistemática ante la complejidad de la emergencia?
Las estadísticas sobre el impacto del terremoto son alarmantes. Más de 300 vidas se han perdido en el desastre, con 426 personas aún desaparecidas y más de 4,500 heridos en 472 municipios de 15 departamentos del país. La infraestructura también ha sufrido un golpe severo, con más de 134,000 viviendas dañadas y cerca de 30,000 destruidas. Muchos de aquellos cuyos hogares permanecen en pie siguen temerosos de regresar, pues las evaluaciones estructurales revelan grietas y daños que indican un alto riesgo de colapso. Las familias están preocupadas por su seguridad y, en muchos casos, han optado por dormir al aire libre para protegerse de posibles derrumbes.
El alojamiento temporal ha surgido como una necesidad inmediata. La OIM ha identificado al menos 71 refugios donde cerca de 4,700 personas están viviendo, muchas de ellas en condiciones precarias. Otras familias han encontrado refugio con amigos o familiares, lo que dificulta su localización y la evaluación de sus necesidades específicas. Antolin resaltó que no se desea que estos albergues se conviertan en el único punto de acceso a la ayuda, ya que esto podría crear un sistema ineficiente que no aborde las necesidades verdaderas de las comunidades afectadas. La complejidad de la situación humanitaria se ve exacerbada por la falta de información sobre el contexto de cada familia y su acceso a los recursos.
Finalmente, las condiciones climáticas están complicando aún más la recuperación. Las lluvias torrenciales han comenzado a afectar lugares como Quibdó, Buenaventura y Pereira, poniendo en riesgo a aquellos que se encuentran en refugios improvisados. La amenaza de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, se incrementa con la lluvia y el hacinamiento. Los organismos de salud y de emergencia advierten que la combinación de la crisis sanitaria y los desastres naturales podría conducir a una catástrofe de salud pública si no se aborda de inmediato. La comunidad internacional y las autoridades locales deben redoblar esfuerzos para garantizar que la asistencia llegue a quienes más lo necesitan en esta difícil situación.
