La Fiscalía Supraterritorial encabezada por el fiscal Miguel Ángel Orellana ha llevado a cabo un megaoperativo histórico en 12 regiones del país, culminando con la desarticulación de una de las bandas más grandes de tráfico de armas del último tiempo. En la operación, que se realizó de manera coordinada con fiscales regionales y un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI), se logró la detención de 40 personas vinculadas a esta organización criminal, que operaba extensamente a lo largo del territorio nacional.
Este caso ha generado preocupación entre las autoridades, especialmente porque se ha revelado que la banda estaba liderada por cinco menores de edad, con edades entre 14 y 17 años. Históricamente, si bien existían indicios de que adolescentes estaban involucrados en actividades delictivas, estos generalmente se limitaban a robos violentos. Sin embargo, el hecho de que ahora estén a la cabeza de una red de tráfico de armas representa un alarmante aumento de la criminalidad infantil y juvenil en el país.
Los operativos se llevaron a cabo en múltiples regiones, desde Tarapacá hasta Aysén, y los investigadores aseguraron haber incautado más de 50 armas de fuego, incluyendo algunas fabricadas mediante impresoras 3D. Las autoridades han expresado su grave preocupación por la creciente sofisticación de estas bandas, que no solo están involucradas en la venta de armas tradicionales, sino que también están innovando en la fabricación de armas no convencionales, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la seguridad pública.
La logística de la banda incluía el uso de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram, para coordinar la venta y distribución de armas. Esta metodología ha permitido a los delincuentes operar de manera más discreta y efectiva, lo que ha dificultado los esfuerzos de las fuerzas del orden. La Fiscalía considera crucial la revisión de los dispositivos electrónicos de los detenidos para obtener evidencias adicionales que permitan aclarar la estructura y alcance de la red criminal.
El Juzgado de Garantía de San Bernardo ha extendido la detención de los imputados hasta el lunes, fecha en la que se formalizará la causa. La investigación comenzó en 2024 al detectar un aumento en el tráfico de armas en el mercado negro. Las autoridades están comprometidas en desmantelar completamente esta red delictiva y prevenir que continúe operando, subrayando la importancia de abordar también las raíces sociales que permiten el abuso de menores en este tipo de actividades delictivas.
