Este lunes se formalizará a Tomás Antihuen Santi, un joven de 22 años, quien se ha convertido en el cuarto imputado en el caso del brutal triple homicidio de carabineros ocurrido el 27 de abril de 2024. Desde la Fiscalía, se ha solicitado al juez Cristián Rosenberg del Juzgado de Garantía de Cañete, la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva ante la gravedad de los delitos que se le imputan, los cuales abarcan desde homicidio calificado hasta el traslado ilegal de restos humanos.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso los detalles escalofriantes del caso. Afirmó que el crimen de homicidio calificado de carabineros fue llevado a cabo en circunstancias de premeditación y alevosía, lo que resalta la inusitada violencia y deshumanización del acto. El fiscal subrayó que los funcionarios policiales fueron emboscados en ejercicio de sus funciones, y que estos actos delictivos fueron cometidos en repetidas ocasiones, lo que agrava aún más la situación del imputado.
Además del homicidio, Antihuen enfrenta acusaciones por el robo con violencia de pertenencias de los carabineros, incluyendo dispositivos de grabación como cámaras GoPro, armas de fuego y equipos de comunicación institucional. Este contexto de robo se complejiza aún más por el hecho de que, al momento de su captura, Antihuen poseía una subametralladora UZI que pertenecía a uno de los policías fallecidos, lo que refuerza la seriedad de las acusaciones en su contra.
El fiscal Garrido también presentó un cuarto delito relevante en este caso: la quema del vehículo utilizado por los carabineros, que fue incendiado por Antihuen y sus cómplices tras cometer los homicidios. En el contexto de la investigación, se ha puesto de manifiesto la brutalidad con la que estos sujetos actuaron, dado que los cuerpos de los policías fueron hallados en la parte trasera del mismo vehículo que luego fue incinerado.
Finalmente, se ha considerado el traslado ilegal de restos humanos, en violación de las normativas y disposiciones sanitarias estipuladas en el Código Penal. Este aspecto del caso pone de relieve la falta de respeto y consideración hacia las víctimas, lo que resulta impactante tanto para la comunidad como para las autoridades. La formalización de Tomás Antihuen marca un punto crítico en la búsqueda de justicia y seguridad en la región, reflejando la severidad de la situación delictiva en el contexto policial.
