El próximo lunes 12 de mayo, a las 8:30 horas, se llevará a cabo la audiencia de formalización de Catalina Pérez, diputada desaforada y exintegrante del Frente Amplio, en el contexto de una seria acusación presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta. Pérez enfrenta tres cargos relacionados con fraude al Fisco, en el marco de la investigación que involucra a la extinta Fundación Democracia Viva. La situación se ha vuelto un tema central en la agenda política del país, generando diversas reacciones y comentarios sobre la gestión de fondos públicos y la responsabilidad de los funcionarios diversos.
La jueza Claudia Campusano, quien presidirá la audiencia, ha advertido que los acusados que no se presenten sin una justificación válida se enfrentarán a medidas drásticas. Esto incluye el posible traslado por la fuerza pública a la audiencia, así como asumir los costos procesales que esta incomparecencia pudiera acarrear. La jueza enfatizó la importancia de que cualquier impedimento para asistir a la formalización debe ser comunicado con antelación y con la debida fundamentación, subrayando el compromiso del sistema judicial por mantener la transparencia y la legalidad en el proceso.
Las acusaciones contra Catalina Pérez son particularmente graves, dado que se le señala como una figura clave en la firma de tres convenios entre la Fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta. Según la Fiscalía, estos acuerdos se realizaron de manera fraudulenta, lo que revela un posible uso indebido de recursos públicos. A través de estos convenios, la fundación habría recibido financiamiento para obras, pese a no cumplir con los requisitos legales establecidos. Este hecho pone en tela de juicio la administración de fondos públicos durante su gestión.
Además de Catalina Pérez, la investigación también involucra a otros implicados, como su expareja Daniel Andrade, el exjefe de gabinete Carlos Contreras y la exencargada territorial Paz Fuica. Se alega que todos ellos colaboraron activamente en facilitar los contratos que permitieron a la fundación acceder a recursos destinados a obras. Este escándalo ha generado una fuerte indignación en la ciudadanía, que exige una rendición de cuentas clara por parte de los funcionarios que manejan el erario público, así como una revisión a fondo de los procesos de adjudicación de proyectos.
El caso de Catalina Pérez no solo plantea interrogantes sobre la ética de los funcionarios públicos, sino que también abre un debate importante sobre la eficacia de las instituciones de control y la vigilancia del uso de recursos por parte de organizaciones vinculadas al Estado. En un contexto donde la confianza en la política se ve disminuida, el desenlace de esta audiencia podría sentar un precedente crucial respecto a la responsabilidad y la transparencia del manejo de fondos públicos, algo que la ciudadanía demanda con urgencia.
