En un significativo paso hacia la modernización de la regulación de productos fitosanitarios en Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), junto con la Casa de Moneda y los gremios ANASAC, AFIPA e IMPPA, han firmado un convenio de colaboración que da vida a una mesa de trabajo público-privada. Esta colaboración se centrará en el desarrollo de un sistema de trazabilidad y seguridad digital, cuyo objetivo principal será identificar el origen de los productos, prevenir manipulaciones en su distribución y avanzar hacia una norma nacional de etiquetado. La iniciativa responde a la creciente preocupación por la seguridad de los insumos agrícolas y busca fortalecer la fiscalización y transparencia en su comercialización.
El proyecto contempla la creación de un piloto que permitirá validar un sistema de etiquetado innovador, utilizando tecnologías de seguridad avanzadas desarrolladas por la Casa de Moneda. A través de códigos QR seguros y elementos antifalsificación, se garantizará la autenticidad de los productos y se facilitará el rastreo a lo largo de la cadena de comercialización. Esta estrategia es fundamental considerando que en el país existen más de 1.400 productos fitosanitarios autorizados y que la trazabilidad aún presenta brechas que deben ser abordadas, especialmente en relación a normativas como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).
La participación de la Casa de Moneda en este desafío es esencial, dado su expertise en el desarrollo de soluciones de seguridad inviolables. Ángela Movillo, Gerenta Comercial, expresó el compromiso de la institución con la innovación y la mejora de la seguridad en sectores clave de la economía chilena. «Este convenio representa una oportunidad para elevar los estándares del país y avanzar hacia una regulación moderna y efectiva», afirmó Movillo, resaltando la importancia de alinear la tecnología con la seguridad pública en la industria fitosanitaria.
El Director Nacional del SAG subrayó que la trazabilidad va más allá de una mera exigencia técnica, considerándola como una garantía para los consumidores y una herramienta crucial para la industria. «Hoy estamos dando un paso concreto para asegurar que cada producto pueda ser identificado y verificado desde su origen hasta su uso final», remarcó. Además, el trabajo de la mesa de colaboración buscará establecer un estándar mínimo de seguridad digital que pueda ser adoptado como futura norma nacional, promoviendo así una mayor certidumbre jurídica en la cadena de distribución.
La urgencia de este marco regulatorio se pone de manifiesto ante el crecimiento del mercado negro de productos fitosanitarios, que representa un riesgo significativo para la seguridad agrícola en el país. Líderes de ANASAC e IMPPA destacaron la necesidad de avanzar en soluciones que aseguren la trazabilidad, crucial para proteger la salud de los ecosistemas y la productividad agrícola. Patricia Villarreal, de AFIPA, enfatizó la importancia de incorporar tecnologías que fortalezcan la seguridad en el uso de estos productos. Así, se vislumbra un futuro donde la colaboración entre el sector público y privado convierta a Chile en un referente en la trazabilidad fitosanitaria y el control de insumos agrícolas.
