La Contraloría General de la República ha dado a conocer un hallazgo alarmante: más de 106 mil funcionarios municipales en el país no están registrados oficialmente, a pesar de haber percibido rentas u honorarios de sus respectivas municipalidades durante el periodo 2022-2023. Este descubrimiento proviene de un exhaustivo análisis de datos realizado por el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER), revelando la omisión de un gran número de empleados en la plataforma oficial.
El análisis se llevó a cabo implementando dos estrategias de verificación: el Plan de Monitoreo y Control Municipal y un análisis comparativo de los datos de las declaraciones de renta, presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), en relación con la información disponible en SIAPER. A través de estas metodologías, la Contraloría pudo identificar que, de las 345 municipalidades que operan en el territorio nacional, solamente 231 respondieron adecuadamente al procedimiento de registro de estos funcionarios.
Los resultados son preocupantes, ya que un 43% de los actos administrativos reportados por las municipalidades no se encuentran documentados en la plataforma SIAPER. Las municipalidades de Arica, Caldera y Huara destacan como las que presentan la mayor incidencia de personas no registradas, lo que pone en tela de juicio la transparencia y el cumplimiento normativo en estas localidades.
En particular, las ciudades de Santiago, Talcahuano y El Bosque ocupan los primeros lugares en el ranking de municipios con mayor cantidad de empleados no registrados. Esta situación levanta serias interrogantes sobre la gestión municipal y la administración de recursos públicos, además de señalar la necesidad de que se realicen acciones correctivas para regularizar la situación de estos funcionarios.
La Contraloría ha instado a los municipios a tomar medidas inmediatas para subsanar estas irregularidades y garantizar que todos los funcionarios que reciben ingresos públicos estén debidamente registrados. La transparencia administrativa no solo es un deber legal, sino que también es fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
