El 7 de enero de 2025 se registró un impactante secuestro en la comuna de Quilicura, donde una mujer de 37 años y su hija de 17, vinculadas a un conocido narcotraficante de la zona, fueron víctimas de un violento ataque por parte de un grupo de hombres. Este caso ha causado gran revuelo en la opinión pública debido a la naturaleza del delito y a las conexiones del narcotraficante, quien actualmente cumple condena en el penal Colina. Según las autoridades, el grupo de secuestradores estaba compuesto tanto por adultos como por adolescentes, lo que añade una dimensión aún más preocupante a la situación.
La Policía de Investigaciones (PDI) ocupó un enfoque multidisciplinario, trabajando estrechamente con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) en la búsqueda de los responsables. Gracias a sus esfuerzos y la cooperación de testigos, lograron la detención de un adolescente que fue formalizado por los delitos de secuestro y sustracción de menores. Este joven quedó bajo internación provisoria mientras se esclarecen los detalles del plan criminal que llevó al plagio de las mujeres, un acto que fue meticulosamente estructurado, considerando que los secuestradores exigieron una suma exorbitante como rescate.
Los hechos tuvieron lugar exactamente en la intersección de las calles Balmaceda y Gabriela Mistral, donde las víctimas fueron interceptadas mientras se trasladaban en su vehículo. Los delincuentes, armados y amenazantes, obligaron a las mujeres a subirse a otro automóvil, emprendiendo la fuga con rumbo desconocido. La desesperante situación de las víctimas se intensificó cuando la familia recibió la demanda de rescate, que ascendía a mil millones de pesos; sin embargo, el monto final acordado por su liberación fue de $500 millones, efectivamente abonados a través de un contacto directo con el narcotraficante encarcelado.
El fiscal Claudio Orellana, de la Fiscalía Metropolitana Sur, ha declarado que el caso no solo es significativo por el alto perfil de las víctimas, sino también por la exposición de la estructura criminal que opera dentro y fuera de los muros de la prisión. La fiscalía ha reiterado que se trata de una situación alarmante que pone de manifiesto el poder y la influencia que los narcotraficantes aún poseen, incluso desde la cárcel, lo que complica aún más los esfuerzos de las autoridades para desmantelar estas redes delictivas.
A medida que avanza la investigación, se espera que se tomen medidas adicionales para proteger a familiares de involucrados en el narcotráfico y prevenir futuros incidentes similares. La comunidad se muestra consternada ante este tipo de crímenes, subrayando la necesidad de un enfoque más robusto en la lucha contra el crimen organizado. Este caso permanecerá bajo vigilancia mediática, dado su impacto en la seguridad pública y en la percepción del narcotráfico en la región.
