Seis expertas en derechos humanos de Naciones Unidas han exigido este jueves una investigación exhaustiva y transparente en respuesta a las recientes acusaciones de tráfico sistemático de mujeres con fines de explotación sexual, tras la difusión de nuevos archivos vinculados al caso del pedófilo Jeffrey Epstein. En un comunicado conjunto, la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Siobhán Mullally, junto a otras cinco mujeres del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, subrayaron la necesidad de transformar la atención mediática en acciones concretas que fomenten la rendición de cuentas y protejan a las víctimas.
Las expertas insistieron en que es esencial implementar medidas inmediatas que aseguren el acceso a la justicia, así como reparaciones que estén centradas en las supervivientes de estos abusos. Destacaron la importancia de garantizar la verdad y la seguridad, reconociendo el trauma extremo que han padecido las víctimas, así como la naturaleza extendida de las violaciones de derechos humanos involucradas en estos casos. «Debemos pasar de lo mediático a una acción efectiva», afirmaron, enfatizando la urgencia de abordar estas cuestiones críticas.
El comunicado también resalta que los archivos recientes implican a figuras de alto perfil, incluyendo políticos, diplomáticos y líderes empresariales, en una red de abuso sexual que revela significativos fracasos en la prevención y asistencia a las víctimas. Mullally y sus colegas señalaron que estos devastadores errores han facilitado un entorno en el que el tráfico de mujeres y menores persiste a nivel global, reflejando la profunda discriminación y violencia inherentes a los sistemas patriarcales.
Las expertas mostraron su preocupación por la creciente mercantilización y brutalización de los cuerpos de mujeres jóvenes y niñas, un fenómeno que se ha visibilizado en los medios de comunicación. También expresaron alarma por la difusión de imágenes de menores en circunstancias abyectas, apuntando la gravedad de la exposición que sufren estas víctimas vulnerables. Asimismo, criticaron duramente la respuesta inadecuada de los Estados y de las autoridades judiciales ante la gravedad de los crímenes denunciados.
Finalmente, subrayaron que la falta de rendición de cuentas perpetúa una cultura de impunidad que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, lo que socava la promesa de igualdad ante la ley que ofrece el Derecho Internacional. Recordaron a los Gobiernos su obligación de prevenir la trata y de proteger a las víctimas de explotación sexual, instando a un compromiso renovado para abordar estos delitos con la seriedad que requieren.
