El reciente análisis del Banco Santander ha puesto de relieve la importancia del proyecto de rebaja del impuesto a las empresas en el contexto económico actual del país. De acuerdo con el estudio liderado por el economista Andrés Sansone, esta medida podría ser la que genera el mayor impulso al crecimiento económico, proyectando un aumento del PIB de 5,47% para 2035, y 6,33% para 2040. Esta perspectiva se basa en la premisa de que no solo se busca aliviar la carga impositiva a las empresas, sino que también se considera la eficiencia en la obtención de permisos y la promoción del crédito laboral como factores clave para el desarrollo productivo.
Sin embargo, el debate va más allá de los números. Los parlamentarios de diferentes sectores políticos expresan preocupaciones sobre la viabilidad fiscal de tales reformas. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha señalado hasta nueve riesgos que podrían impactar negativamente en las finanzas públicas, lo que ha llevado a un distanciamiento de posturas entre el oficialismo y la oposición. La falta de una hoja de ruta fiscal clara para abordar las tres metas simultáneas —financiar la transición del proyecto de ley, reducir el déficit estructural y estabilizar la deuda— ha generado un clima de incertidumbre sobre la implementación eficaz de estas medidas.
A pesar de los beneficios que podría traer la reducción del impuesto de primera categoría, Santander advierte que el efecto fiscal a corto plazo podría ser negativo. Las implicancias de este fenómeno se centran en el periodo crítico de 2027 a 2034, donde el riesgo de desvíos en la salud fiscal es elevado. Este aspecto ha sido subrayado en el análisis, resaltando la magnitud y la velocidad de la convergencia de los efectos a largo plazo frente a la situación actual. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo se conciliarían las necesidades financieras del Estado en este periodo frágil?
Desde la perspectiva de Santander, es fundamental un ajuste fiscal adicional que permita equilibrar la balanza en el contexto de un crecimiento proyectado. Este ajuste debería ir más allá de los recortes presupuestarios ya comprometidos, incluyendo, en caso necesario, aumentos en los ingresos tributarios. Sin una estrategia clara y bien definida que articule estas expectativas, existe un riesgo de que el país enfrente un escenario de crecimiento con un déficit estructural persistente, que podría comprometer la sostenibilidad fiscal en el futuro.
En resumen, la rebaja del impuesto a las empresas podría ser una catalizadora del crecimiento económico en Chile, pero la falta de un marco fiscal adecuado y un plan claro para abordar el déficit estructural plantea serias dudas sobre la viabilidad de la megarreforma. Si bien las potencialidades de un incremento en el PIB son alentadoras, el debate sobre cómo alcanzar un crecimiento sostenible sin perder el control de las finanzas públicas culmina en la necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores políticos y económicos del país.
